El Tribunal Supremo escuchará este lunes al eurodiputado y dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, dentro de la investigación abierta por un presunto caso de acoso contra dos parlamentarios europeos que concurrieron en su lista electoral y que posteriormente se querellaron contra él. La citación se produce después de que el propio Alvise mostrara su disposición a comparecer ante el magistrado instructor, Manuel Marchena.
El instructor planteó esta posibilidad antes de iniciar los trámites para solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El Supremo ya había admitido a trámite la querella el pasado mes de junio y, hace apenas unos días, los dos denunciantes, Diego Solier y Nora Junco, ratificaron formalmente su acusación ante el alto tribunal.
Amplio frente judicial
Este procedimiento se suma a otras tres investigaciones que el Supremo mantiene abiertas contra el eurodiputado. Una de ellas analiza la difusión de una supuesta prueba PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Otra investiga un presunto hostigamiento en redes sociales contra la fiscal coordinadora de delitos de odio Susana Gisbert. La tercera se centra en una posible financiación irregular de Se Acabó la Fiesta tras la recepción de 100.000 euros procedentes del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’.
La causa por acoso parte de la denuncia presentada por Solier y Junco, quienes formaron parte de la candidatura europea de SALF y que, tras romper con el proyecto político de Alvise Pérez, abandonaron el partido y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, encabezado por Hermanos de Italia, la formación de la primera ministra Giorgia Meloni. Ambos también han participado recientemente en actos públicos junto al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, como la presentación de la Fundación Atenea.
Pruebas del acoso
En su querella, los eurodiputados sostienen que fueron objeto de una campaña continuada de hostigamiento como consecuencia de distintos mensajes difundidos por Alvise tanto en un pódcast como en su canal de Telegram. Según relataron ante el Supremo, el dirigente de SALF no se limitó a lanzar ataques políticos, sino que habría llegado a revelar datos personales y de localización, lo que les generó un temor creciente por su integridad física.
Ambos denunciantes aportaron pruebas de que, tras la filtración de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir una avalancha de mensajes ofensivos y amenazas. La presión fue tal que se vieron obligados a cerrar algunas cuentas, restringir comentarios en otras, dejar de atender llamadas de números desconocidos y soportar miles de correos electrónicos con insultos.
El Tribunal Supremo recoge que esta situación provocó una sensación permanente de inseguridad y obligó a modificar hábitos y rutinas diarias. Además, los querellantes señalaron que el acoso afectó de forma directa a su labor parlamentaria y a su vida familiar, ante el temor de ser increpados por desconocidos en espacios públicos.
En el auto de admisión de la querella, la Sala de lo Penal considera que los hechos podrían encajar en presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. Los magistrados subrayan las llamadas explícitas de Alvise Pérez, tanto en su pódcast como a través de Telegram, para que un elevado número de seguidores desarrollaran una actitud reiteradamente hostil contra los eurodiputados.
Según el alto tribunal, existen indicios de que el líder de SALF facilitó y difundió información personal de los querellantes con el objetivo de intensificar esa presión pública. Todo ello, además, sin frenar sus mensajes pese a que numerosos seguidores expresaban de manera abierta su intención de alterar el normal desarrollo de la vida de Solier y Junco.
Entre las expresiones recogidas por el Supremo figura una intervención de Alvise en un pódcast el pasado 20 de abril, en la que animaba a sus seguidores a perseguir a los eurodiputados y exigirles explicaciones en público, llegando incluso a increparlos en bares o espacios abiertos con acusaciones de corrupción o traición política.
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