El caso Koldo está virando en sainete. La última vuelta de tuerca la ha protagonizado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien tras dejar a su abogado por diferencias irreconciliables, ahora ha anunciado en la red social X que ha pedido un abogado del turno de oficio mientras busca otro letrado que sustituya al que tenía hasta ahora. Dice que lo hace porque él pretende declarar este miércoles ante el Supremo.
Según las propias palabras del exministro: "Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana".
Por el momento, el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, no ha tomado ningún tipo de decisión por lo que, si a lo largo de la jornada no emite ningún auto al respecto, la declaración prevista para las diez de la mañana de este miércoles sigue en pie. Una declaración que según las fuentes conocedoras del caso tiene todas las probabilidades de que termine con el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitando como medida cautelar el ingreso en prisión de Ábalos.
La citación
El pasado día 6 de octubre, Leopoldo Puente citaba a Ábalos y a su asesor, Koldo García, con un auto en el que afirmaba que aprecia "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de ambos "podrían existir significativas zonas de intersección", de tal modo que Koldo "vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían" a Ábalos, "tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales", "alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos".
Sin embargo, continúa Puente, "del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de García que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste", por lo que deduce que, o bien Koldo hacía esos pagos, "en provecho y beneficio" del entonces ministro "sin contrapartida explícita alguna"; "o bien Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".
Puente cree que, a la vista de los "ingresos regulares" y los gastos que realmente tenía, Ábalos "pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen", así como "con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a García --por un tercero o varios-- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos".
"En esa misma dirección apunta la circunstancia, también reflejada en el informe presentado por la unidad policial, relativa a que, consultada la información bancaria correspondiente a Ábalos, éste, desde el año 2018 y hasta el año 2023, no habría realizado reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias --frente a lo que, ordinariamente, había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir del año 2024--", añade el instructor.
A su juicio, todos estos indicios no encajan con las declaraciones de Ábalos en sede judicial, donde dijo sobre su relación con Koldo que "no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores, por más que éste último asumiera la realización de ciertos encargos domésticos", entre los que mencionó específicamente "ir a buscarle tabaco al ministro o a comprarle medicinas".
"En definitiva", resume el magistrado, Koldo y Ábalos "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".
Por ello, entiende que deben ser llamados nuevamente a declarar, tanto sobre las nuevas revelaciones de la UCO como "sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente".