La indemnización que José Leyte recibió por parte del Rosp Corunna pasará a ser analizada por el Tribunal Supremo. Durante 20 años, Leyte fue el gestor de esta entidad de Sandra Ortega, heredera del empresario Amancio Ortega, y que se trata de una family office, firmas encargadas de gestionar patrimonios familiares que alcanzan montantes de carácter notable. Sin embargo, en 2020 fue despedido, argumentando la empresa falta de confianza, por la compra de Room Mate, que no conseguía los resultados esperados, llegando la banca a solicitar un supuesto aval de 150 millones de euros.
El despido ya pasó por el Tribunal Superior de Galicia, donde en mayo de 2024 se ordenó el abono de cerca de 1.200.000 euros para Leyte, si bien esta cantidad era unos 440.000 euros inferior a la que reclamó el que fuera el primer ejecutivo de la sociedad. Un litigio que dio, de manera parcial, la razón a ambas partes y por la que, también ambas partes, decidieron recurrir al Tribunal Supremo para encontrar una respuesta clarificadora al conflicto judicial iniciado. No obstante, la Sala de lo Social del alto tribunal limita los puntos a examinar pues no da lugar a un al recurso presentado por Leyte y que interpuso contra contra la decisión del tribunal gallego que consideraba como no presentada su impugnación ante el Supremo.
Es por ello que, ahora, el alto tribunal solo procederá a realizar un estudio del recurso presentado por Rosp Corunna, el ‘holding’ de la hija mayor del dueño de Zara, por el finiquito de José Leyte, ya que el de este todavía no ha concluido y se halla, aún, en proceso de tramitación. Un auto dictado el pasado 23 de julio informaba que los magistrados de este órgano judicial han decidido desestimar el presentado por Leyte en contra de la decisión del tribunal gallego, que no aceptó su escrito, alegando para ello que se hacía referencia a una sentencia que "no existe".
Esta se trataba de una sentencia que, supuestamente, tal y como indicaron en el escrito de preparación del recurso, se había dictaminado en Madrid en el año 2009; sin embargo, el abogado del que fuera gestor del family office tuvo conocimiento posterior había sido sustituido por un acuerdo transaccional alcanzado por las partes de dicho caso. Por ello, debieron presentar nuevas alusiones a otros casos; no obstante, no fueron aprobadas por el Tribunal Superior de Galicia, pues se consideró que se presentaron fuera de plazo.
La defensa de José Leyte recurrió esta decisión al Tribunal Supremo, para lo cual buscó razonar que existía una indefensión y vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva del que fuera gestor de Rosp Corunna. Si bien, el alto tribunal ha decidido no dar por válidos y justificados estos argumentos, por lo que decide confirmar la resolución del tribunal gallego, del pasado 7 de febrero, en la que se exponía que no hubo una preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina. De esta manera, solo sale adelante la apelación de la empresa de Sandra Ortega.
Polémica en torno a Room Mate
En marzo de 2020,en plena pandemia de la COVID-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció su decisión de trasladarse a un apartahotel de lujo de la cadena Room Mate, en aquel momento propiedad de Kike Sarasola y compañía en la que José Leyte había decidido invertir cuando se encontraba al frente de Rosp Corunna como gestor del patrimonio de la familia Ortega. En aquellos días, Ayuso aseguró que su vivienda era "demasiado pequeña", alegando que no reunía las condiciones necesarias para teletrabajar y gestionar la crisis sanitaria, y que, por ello, requería de un espacio más amplio para cumplir con sus funciones.
De esta manera, la presidenta pasó de una supuesta vivienda de reducidos metros cuadrados a instalarse en dos apartamentos unidos en pleno centro de Madrid, que contaba, además, con plaza de garaje y servicios incluidos. Según se pudo conocer, fue una contratación que realizó por una tarifa reducida muy inferior a la del mercado, hecho que provocó surgieran preguntas sobre si estaba recibiendo un trato de favor por parte de esta firma hotelera. Una polémica que se intensificó cuando apareció, por error, una adjudicación pública a Room Mate en el portal de contratación regional. Aunque fue retirada de inmediato y tanto la Comunidad como la empresa negaron cualquier relación entre ambas cuestiones, el episodio dejó un poso de desconfianza. Ayuso acabó pagando la factura con recursos propios, pero la polémica marcó uno de los momentos más delicados de su mandato en plena emergencia sanitaria.
Room Mate en concurso de acreedores
En 2022, Room Mate presentó la solicitud de concurso de acreedores voluntario con venta de unidad productiva ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. La solicitud de concurso de acreedores estaba acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que planteaba la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
En aquel momento, la cadena de Sarasola exponía haberse visto "fuertemente golpeada por la grave pandemia y por los litigios judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate". Y es que en el mes de mayo de aquel año, Sandra Ortega anunció que desahuciaría al grupo hotelero de sus hoteles en Nueva York y Miami. En dicha operación, la multimillonaria exigía el 100% del pago del alquiler de los inmuebles.
Para Room Mate, la posición de Ortega en las negociaciones era de "extrema rigidez", por lo que culpaban, en parte, a la accionista de solicitar el concurso de acreedores voluntario, el cual consideraban era la fórmula más adecuada para la viabilidad futura de la empresa.
Según las cifras que reveló Sarasola, la compañía pasó de facturar 110 millones de euros en 2019 a “tener hoteles cerrados durante año y medio”. No obstante, el Gobierno rechazó, a través de la SEPI, la petición de rescate de Room Mate por 52 millones de euros como consecuencia de la pandemia. La compañía justificó la caída del negocio, en su momento, también por haberse visto "fuertemente golpeada" por los litigios judiciales que mantenía la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate.
En aquel proceso iniciado, la compañía quedó bajo la propiedad del fondo de inversión norteamericano Angelo Gordon y la cadena hotelera Westmond Hospitality tras el concurso de acreedores que presentó Sarasola sobre la cadena hotelera a finales de junio de 2022. Los socios compraron la empresa apenas un mes después por alrededor de 57 millones de euros, la única oferta sobre la mesa para hacerse con la cadena de Sarasola, quien siguió estando al frente de la firma.