El SEPE sanciona a un funcionario que atendía sin cita previa y ayudaba a personas vulnerables con sus prestaciones

Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida, debería no haber atendido a los vecinos que acudían a su puesto de trabajo sin cita previa a solicitar una prestación o subsidio por desempleo. Quizá así, aquellos incapaces de desenredar la maraña de trámites burocráticos habrían perecido en el intento, Juan Carlos no habría recibido un expediente sancionador, la Administración Pública estaría orgullosa y Ken Loach contemplaría atónito desde su casa de Bath (Inglaterra) como sus películas siguen más vigentes que nunca.

Pero Juan Carlos decidió no supeditarse a la excluyente y discriminatoria burocracia y, simplemente, auxilió a aquellas personas que no habían sido capaces de conseguir una cita previa, por desconocimiento de la utilización de los canales o por falta de medios técnicos. Sea como fuere, optó por ayudarles, evitando cargar en su conciencia un Daniel Blake más, de los que la administración arroja a la basura a diario. Una decisión condenada por el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz.

“Un funcionario responsable y empático sancionado por hacer su trabajo”, debe de ser el encabezado del expediente sancionador que le ha caído a Juan Carlos. Casi 40 años, de los 56 de vida que acumula, en el mismo puesto no han servido para frenar la sanción. Tampoco que la oficina de atención al público estuviese vacía y, en vez de sentarse cómodamente a descansar y reclamar citas previas a sabiendas de su falta, se atendiese a los contribuyentes con dificultades en los trámites sin perjudicar a aquellos que sí habían conseguido obtener turno.

El Ministerio de Trabajo se defiende y asegura que el expediente contiene otros motivos que, según la confidencialidad del procedimiento, no pueden revelarse. Si bien en Mérida no encuentran la razón oculta que el SEPE reniega de exponer. Y Juan Carlos garantiza que le notificaron el expediente aludiendo a la atención a personas que no conseguían cita y a la facilitación de documentación necesaria para la solicitud de ayudas sociales. Ayuda que, además, desplegaba una vez que ya se había atendido a toda persona que ya tenía cita.

Un problema sistémico

Parte del problema, expone Juan Carlos, es que los trámites para los que antaño había que esperar un par de días, ahora se alargan por semanas. Y si, mientras tanto, no cuentas con la prestación por desempleo que tú mismo has generado o con el subsidio necesario para pagar tu alquiler y alimentar a tus hijos, es tu problema. “Hay personas de Mérida que han tenido que acudir a localidades situadas a más de 100 kilómetros para resolver una gestión administrativa”, ha ejemplificado a varios medios. Las cosas de palacio van despacio, menos para los del palacio.

La brecha digital, una de las principales consecuencias de las diferencias generacionales, pero también de las desigualdades socioeconómicas, no parecen contemplare en el SEPE del Gobierno más progresista de la historia. Se presupone que todo el mundo tiene internet y conocimiento ofimático, incluso para este tipo de ayudas, destinadas a las personas más vulnerables. Y cuando acuden a una oficina vacía, a la que se ha reducido el personal, se espera que no se les atienda por su “ignorancia tecnológica”. Una situación esperpéntica, pero habitual.

Y mientras tanto, gente muere entre el tiempo que pasa del “no puedo atenderle sin cita”, “le falta un documento necesario para el trámite”, “tendrá que esperar a que la contacten desde el servicio oportuno” o cualquier otra excusa de ventanilla y la aprobación de la prestación, si es que llega. A veces, denuncian muchas familias, la concesión llega cuando su receptor ya no puede disfrutarla. Y todo pasa entre silencios administrativos que etiquetan a los ciudadanos con números de solicitud. Juan Carlos quiso tratarlos como personas y ha sido ajusticiado.