La crisis migratoria en Ceuta ha traído consigo imágenes que muestran a grupos destrozando las tiendas de campaña de personas migrantes, quemando o arrojando al mar sus pertenencias.
El odio se ha extendido a las ONG, criminalizadas por las derechas y repudiadas por quienes tratan de impedir sobre el terreno la entrada de ayuda humanitaria o alimentos para el abastecimiento de la población inmigrante que sigue en la ciudad autónoma.
A finales de agosto cobraba fuerza, entre otras instantáneas, la de varios ceutíes intentando imposibilitar que un convoy de Cruz Roja cumpliera con su propósito en la ciudad autónoma, y es que las ONG se han convertido durante esta crisis migratoria también en blanco de mensajes incriminatorios o acciones contra ellas
Desde la izquierda tienen clara la relación directa entre lo que se dice y lo que pasa. Al poco de tener lugar los altercados mencionados, la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, lamentaba que tanto el bloqueo del vehículo como la quema de pertenencias eran la “dolorosa consecuencia del ambiente de odio que el PP y Vox se han encargado de generar”.
Contra las entidades y las personas migrantes
Seguramente, uno de los ejemplos más claros, sino el más, de esa relación que establece la secretaria de Organización del PSOE entre palabras y violencia en las calles son las declaraciones de José María Figaredo, quien llamó a “cazar” o “pescar” migrantes, lo que le ha supuesto varias denuncias.
Si bien, la actitud de Vox frente a la población migrante es clara. Son muchas las personas del partido a las que se le ha escuchado declaraciones en una línea antimigratoria, pero ni una sola condena a las acciones llevadas a cabo en playa ceutí o contra la obstaculización de las ONG para que desempeñaran sus labores.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, defendía en el Congreso la semana pasada la labor de estos espacios y condenaba la violencia; lo mismo que otros ministros que han hablado en sede parlamentaria, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la de Sanidad, Mónica García. “Primero derechos humanos, y luego ya, todo lo demás (…) “¿Con qué opina usted que habría que haber defendido nuestra soberanía? ¿Con tanques?”, preguntaba a un diputado de la ultraderecha la última.
Más allá de las declaraciones, se pueden destacar algunas decisiones concretas de la intensidad con la que desde algunos sectores piden prestar especial atención contra las ONG en Ceuta. Uno muy concreto es que el presidente de los de Santiago Abascal en Málaga y diputado andaluz, Antonio Sevilla, ha reclamado a los ayuntamientos malagueños una revisión de las subvenciones, convenios y ayudas concedidas a Cruz Roja Málaga para comprobar el destino de los fondos públicos después de haber identificado un camión de asistencia de emergencias que “apunta a su descripción territorial a Málaga”.
“Este camión se dirigía a proporcionar ayuda a los inmigrantes ilegales que han invadido Ceuta (…) exigimos a los distintos ayuntamientos que hayan dado subvenciones municipales a Cruz Roja Málaga que auditen urgentemente todas las ayudas, convenios y subvenciones vigentes para garantizar que se destinan exclusivamente a ayudar a los malagueños y españoles necesitados y no a fomentar la inmigración ilegal”, sostenía.
Varios políticos o expolíticos han reaccionado asimismo a una polémica de los últimos días, según la cual miembros de otra ONG, No Name Kitchen, fueron identificados tras comprar materiales que podían usarse para fabricar artefactos explosivos caseros que habrían utilizado algunos migrantes.
La Policía Nacional investiga la posible relación, aunque por el momento no existen pruebas directas que vinculen las compras con los artefactos, mientras que la organización niega cualquier implicación. Mientras se esclarecen los hechos, los hay que dan por demostrada la relación y aprovechan para dejar el titular. Es el caso de Esperanza Aguirre, quien publicaba el siguiente tuit: “No Name Kitchen parece que es la ONG que reparte en Ceuta ingredientes para fabricar cócteles molotov”.
Vox anunciaba acciones legales. Lo hacía a través del jefe de delegación del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien denunciaba los “repetidos ataques” sufridos por militares y policías españoles en Ceuta por parte de “fuerzas invasoras”, a la vez que hacía alusión a la falta de medios y de “reglas de enfrentamiento” que permitan a los agentes “defenderse con garantías”.
Entretanto, organizaciones como el Instituto de Política Social (IPSE), de ideología conservadora, tradicional y católica, han exigido que Cruz Roja deje de operar en suelo ceutí. El IPSE denuncia que la entidad mantenga “un dispositivo diario de alimentación y asistencia para quienes cruzaron ilegalmente la frontera, mientras no existe un plan equivalente y transparente para los vecinos afectados”.
Así, exige una auditoría integral, la suspensión de nuevas ayudas y la retirada de todas las legalmente revocables: “La ayuda humanitaria salva una vida; la política de asentamiento consolida una ilegalidad. Cruz Roja ha cruzado esa línea “, describe.
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