La euforia máxima, la alegría desmesurada y las sonrisas de oreja a oreja mientras se descorchaba el champán han experimentado un vuelco completo para tornarse en un clima de incómoda tensión, incertidumbre, indecisión, falta de consenso y, sobre todo, gran desconfianza para muchos.
Villamanín, un municipio del norte de la provincia de León que no llega a los mil habitantes, vive desde la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad una situación que nadie vio venir, y que muy difícilmente era siquiera imaginada, transformando lo que debía ser motivo de alegría en un capítulo que, cuando se resuelva, tardará en olvidarse. Lo que comenzó con la extraordinaria noticia de que el número 79.432 había resultado agraciado con El Gordo, el primer premio del sorteo celebrado el 22 de diciembre, se ha convertido en un problema que ha dividido a buena parte de la población.
El origen de la controversia se encuentra en un error cometido por la Comisión de Fiestas de Villamanín, un grupo de vecinos, en su mayoría jóvenes voluntarios, que cada año se encarga de organizar la venta de participaciones para financiar las fiestas locales. Esa comisión vendió 450 participaciones por un valor 5 euros cada una. Una iniciativa que entra dentro de lo habitual y por la cual no es pionera este municipio, sino que es una actividad que se ha hecho en numerosas ocasiones en todo el territorio nacional. No obstante, el problema que ha propiciado este clima de tensión ha surgido debido no se consignaron correctamente 50 de esas papeletas ante la administración de lotería. ¿Qué ha provocado ahora este descuadre? Estas papeletas de más llevaron a que se distribuyeran más participaciones de las que realmente estaban respaldadas por décimos oficiales depositados, creando un vacío que asciende a unos 4 millones de euros en premios que, de momento, no tienen cobertura legal para reclamar su cobro.
Este desajuste administrativo implica que, aunque el número jugado haya resultado premiado con El Gordo, no todas las participaciones distribuidas pueden ser presentadas para cobrar, haciendo que las personas que compraran papeletas no consignadas no puedan disfrutar de los beneficios de su participación, la cual les estaría proporcionando un derecho equivalente a unos 80.000 euros netos si se jugara con décimos legales. Un problema que va a más, ya que no queda limitado solo a esas 50 papeletas, sino que, ante la existencia de participaciones sin respaldo documental, ningún premio puede abonarse hasta que se resuelva la situación.
La situación provocó una reacción rápida de los vecinos, que se reunieron para tratar de alcanzar un consenso sobre cómo actuar ahora. El pasado viernes, 26 de diciembre, tuvo lugar una asamblea en el Hogar del Pensionista en la que participaron decenas de agraciados y miembros de la comisión. En ese encuentro, la comisión propuso aplicar una “quita” sobre cada uno de los premios válidos, véase restar unos 5.000 euros a los 80.000 con los que se premiaba a cada participación, así como aportar los décimos que pertenecían a la propia organización y los premios personales de sus integrantes para cubrir el déficit. Con ello, la deuda económica se reduciría de forma significativa, aunque no desembolsaría la totalidad de los 4 millones restantes.
Un acuerdo que desde un primer momento ha venido dejando dudas entre los vecinos, al igual que desacuerdo entre muchos. Aunque muchos de los que compraron papeletas aceptaron la propuesta al entender que el error fue involuntario y atribuyeron la responsabilidad a la inexperiencia de los jóvenes organizadores, otros no respaldaron el pacto por considerarlo insuficiente o por no contar con transparencia plena en la gestión de los datos sobre participaciones y premios.
La tensión vivida en esa reunión fue significativa. Según se ha podido conocer por los medios de comunicación y a través de los testimonios que han dejado algunos vecinos, en el transcurso del encuentro se produjeron momentos de confrontación y reproches reflejo de la frustración acumulada en una comunidad donde la esperanza de cobrar un premio millonario chocó con la realidad administrativa que obstaculiza el cobro.
En paralelo, algunos vecinos afectados han planteado la posibilidad de recurrir a instancias judiciales si no se garantiza el cobro íntegro de sus premios. El plazo para presentar denuncias o impugnaciones ante los juzgados podría complicar cualquier acuerdo voluntario y, de hacerlo, podría obligar a los organizadores a responder con su propio patrimonio por los importes que faltan, poniendo en juego procesos legales largos y costosos.
El Ayuntamiento de Villamanín, por su parte, ha emitido un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y se ofrece a colaborar para facilitar el diálogo entre los vecinos, aunque aclara que la gestión de las participaciones corresponde exclusivamente a la Comisión de Fiestas, un organismo independiente y voluntario. El Consistorio ha subrayado la prioridad de preservar la convivencia vecinal y preservar la buena imagen histórica del municipio ante hechos que considera ajenos a la administración local.
Además de las asambleas ya celebradas, está prevista una votación vecinal en la que los agraciados podrán decidir si aceptan formalmente la propuesta de reparto acordada de manera preliminar, con la finalidad de cerrar el conflicto antes de que escale a pleitos judiciales.
Mientras tanto, el caso de Villamanín sigue bajo el foco mediático como un ejemplo de cómo un error administrativo aparentemente menor puede desencadenar consecuencias profundas en una comunidad pequeña, con efectos sociales, económicos y judiciales que aún están por definirse.