Hasta 80 veces han tenido que abrir la Policía Nacional y la Guardia Civil el protocolo a nivel interno por acoso sexual, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso La Vanguardia. Por cuerpos, el policial lo ha aplicado un total de 53 veces desde 2023, año en el que entró en vigor, mientras que la Benemérita ha hecho lo propio en 27 ocasiones desde la aprobación del suyo, en 2019.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la situación no llega a juzgarse de ninguna manera, ni acarrear sanción alguna. 26 del total de los protocolos que se abrieron en la Policía -esto es, casi la mitad-, quedaron archivados. Mientras tanto, 14 del instituto armado quedaron en no estimado.
Las cifras se corresponden a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. En ella, la Guardia Civil también ha aportado cuántos agentes de su cuerpo tienen causas penales abiertas por acoso sexual.
En este apartado, desde 2019 se han iniciado ocho causas judiciales, pero solo hay una condena, a la que acompañan tres imputaciones y tres archivos. Los datos referentes a la Policía no constan en la respuesta aportada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Reforzar los protocolos
La querella por agresión sexual contra el exjefe operativo de la Policía Nacional José Ángel González provocó un auténtico terremoto en la institución, pero no es ni mucho menos la única denuncia que se ha dado dentro del cuerpo por un caso de delito sexual. Entre las más mediáticas, han tenido lugar un caso de presunto acoso de un comisario a una subordinada en la embajada de la India, u otras tantas por acoso de comisarios o altos mandos policiales, aunque en su caso ya no fueron sexuales sino laborales.
Grande-Marlaska prometió la revisión de los protocolos antiacoso en la Comisión de Interior del Congreso tras lo ocurrido con el exjefe operativo. En estos momentos, un equipo de inspección del Ministerio continúa analizando con reuniones de planificación interna de trabajo con los distintos actores implicados la forma en la que se pueden dotar de más fuerza al elemento que debería de servir como protección a las mujeres que trabajan en estos espacios.
En su respuesta en la Cámara Baja, Interior asegura que la intención es actuar “con la mayor celeridad posible”, pero que requiere una “labor de estudios” en la cual “no se pueden marcar plazos tasados” para emitir el informe con los resultados. La inspección en curso del conocido como caso Dao se encuentra todavía en fase preliminar.
En los interrogatorios, la presunta víctima ratificó ante el juez que el que fuera director adjunto operativo la violó el mismo día que la presionó para mantener relaciones sexuales, a pesar de sus negativas expresas a no tenerlas, y que fue tras “asimilar lo que pasó”, cuando vio “el patrón depredador” del presunto agresor.
Por su parte, éste segundo negó la acusación y señaló que todo se correspondía con una “trampa” que le había tendido la presunta víctima.