Un avance, no solo para las personas migrantes, sino también para el conjunto de la sociedad, pues “permite normalizar la convivencia”. Así celebra Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en conversación con ElPlural.com la medida pactada esta semana entre Podemos y el Gobierno para la regulación extraordinaria de más de medio millón personas migrantes.
“Siempre hemos reivindicado la necesidad de que la iniciativa legislativa popular tuviera una culminación en su tramitación en el Congreso de los Diputados (…) Es una de las pocas iniciativas legislativas que ha podido desarrollarse y refleja un amplio apoyo del conjunto de la sociedad”, desarrolla, con lo que “si bien es muy positivo que el Ejecutivo haya asumido el contenido”, reconoce que hubieran preferido que el colofón se produjera en el Congreso.
Algo que, evidentemente, no ha sido posible debido a la correlación de fuerzas. “En cualquier caso, lo importante es el fondo de la cuestión, y en ese sentido aplaudimos que el Gobierno haya recuperado la cuestión”, emplaza, aunque no se corta a la hora de hablar de la derecha y, especialmente, la extrema derecha, totalmente envalentonada.
"El discurso xenófobo hace un flaco favor a España"
“Hacen un flaco favor a España”, dice tajante, antes de responder con los datos encima de la mesa: “Está acreditado que mientras el paro ha estado más bajo, la inmigración ha estado más alta. Que no existe competencia. Que es mentira que las personas migrantes nos roben el trabajo, sino todo lo contrario”.
Abriendo miras a otros puntos del mapa, Valiente asevera que “los países que han cerrados sus puertas a la inmigración, que han cedido al discurso xenófobo, están teniendo un peor desarrollo económico y peores datos”. “Deberían darle una vuelta a ese planteamiento, ese dogmatismo, que forma parte de una ola xenófoba que solo perjudica al desarrollo y a las posibilidades de España”.
En lo estrictamente legislativo, el presidente de CEAR pide que ahora se “dote de medios suficientes a las administraciones que tienen que gestionar los trámites”. “En los últimos años venimos arrastrando un exceso de burocracia, que cada vez sea más difícil ser atendido…”; detalla, para hablar de este “reto”, que considera clave.
“Implica dotar de medios personales, físicos y telemáticos a los profesionales para que la respuesta sea ágil; y este es un buen momento para recordarlo, porque hay una gran congestión de solicitudes que no deben agrandar el problema, sino resolverlo”, concluye.
A inicios de esta semana, Moncloa hacía público el anuncio de la medida después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantase el acuerdo con el PSOE del que se podrán beneficiar de la normativa hasta el próximo 30 de junio.
En la práctica, todas las personas que se encontrasen en nuestro país antes del 31 de diciembre del año pasado y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia tendrán papeles. Podrán hacerlo con empadronamiento, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero, excluyéndose en todo caso quienes tengan antecedentes penales.
Asimismo, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de vuelta o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona.
En caso de que la resolución resulte favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año que, una vez finalice, podrá pedirse una autorización ordinaria referente al reglamento de extranjería.
Racismo de Feijóo y Abascal
Mientras PSOE, Podemos y la mayoría progresista del país se alegraba de la media, tanto PP como Vox salieron en tromba. La primera respuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reacción que con “hasta 46 muertos y ninguna dimisión”, en referencia a la tragedia de Adamuz, “la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”.
“En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparada como la ferroviaria”, destacaba; una tesis difícilmente diferenciable al de Vox que, con un tono más duro, repite la falsa teoría del gran reemplazo. “¡50.000 ilegales! ¡El tirano Sánchez odia al pueblo español! Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión”, escribía Abascal en su cuenta de X, marcando el paso a lo que en las últimas horas han sostenido diferentes miembros de la formación ultra.