En menos de dos semanas, España ha sido testigo de dos tragedias que obligan a mirar más allá de los titulares y preguntarnos qué está fallando en el trato institucional hacia comunidades racializadas y marginadas, en nombre de 16 de Mayo Juventud Gitana y a través de nuestro departamento de comunicación GitananalMente denunciamos públicamente los hechos ocurridos estas dos semanas en la comunidad magrebí y gitana.

El pasado 7 de diciembre en Torremolinos (Málaga) Haitam Mejri, un hombre de 35 años de origen marroquí y padre de familia, murió mientras era reducido por agentes de la Policía Nacional con pistolas táser. La versión oficial sostiene que sufrió una parada cardiorespiratoria durante la intervención policial, tras supuestamente resistirse. 

Sin embargo, la familia y testigos han cuestionado esa narrativa desde el primer momento. Vídeos difundidos no muestran la agresividad que justificaría ese uso de fuerza, y sus allegados afirman que lo que Haitam quería era simplemente pedir ayuda para cargar su móvil, no cometer un delito. La autopsia preliminar aún no ha esclarecido completamente las causas y faltan grabaciones policiales clave, que siguen sin estar en manos de la familia. 

Organizaciones de derechos humanos y responsables políticos han señalado que el uso de táser en personas en agitación no es recomendable, según propias advertencias del fabricante, y denunciado que estos dispositivos pueden causar daños serios o incluso la muerte. 

Unos días después, en A Coruña, la comunidad gitana vive otra indignación. Un hombre identificado como Yoni Barrul, de etnia gitana, falleció tras una intervención policial en la madrugada del martes en la calle de la Merced. 

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ha documentado que el racismo estructural influye en prácticas policiales (controles discriminatorios, paradas selectivas) que afectan la vida cotidiana de las personas gitanas y magrebíes. 

Estos casos no existen en aislamiento. En un país que presume de Estado de Derecho, se está cuestionando si los sistemas de seguridad actúan con la misma prudencia, formación y humanidad cuando el rostro de la persona detenida es migrante o gitano.

Y aunque las investigaciones están abiertas, la impunidad histórica y la falta de rendición de cuentas son motivo de indignación. Las comunidades exigen transparencia total, acceso a todas las pruebas y, sobre todo, un cambio profundo en protocolos de actuación que garantice que nadie más muera a manos de aquellos que deberían proteger. Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia.

Esto no son casos aislados a lo largo de esta última década se han sucedido muchísimos casos contra las personas gitanas y magrebíes. Casos documentados de muertes bajo custodia o en contextos policiales en los últimos años:

Imad Eraffali – joven de 23 años, de origen marroquí, detenido por no tener documentación en regla en enero de 2020. Fue encontrado muerto en una comisaría en Algeciras; la versión policial fue que se suicidó, pero diversas organizaciones han señalado falta de transparencia sobre su muerte. 

Daniel Jiménez – hombre gitano de 37 años, encontrado muerto en un calabozo tras ser detenido en Algeciras; la versión oficial también habló de suicidio, pero familiares y colectivos de derechos humanos cuestionan las circunstancias. 

Las autoridades han relatado que el hombre, supuestamente bajo los efectos de alguna sustancia y armado con un cuchillo, fue reducido por agentes tras ser llamado por vecinos. Según esta versión, sufrió un infarto mientras estaba en el suelo y los servicios sanitarios no lograron reanimarlo.

Pero la Sociedad Gitana Española y la familia no aceptan esa explicación. Alegan que lo que ocurrió no fue una muerte natural, sino resultado de una agresión policial desmedida. Testigos —incluyendo a su esposa y cuñada— han descrito cómo Yoni recibió golpes continuados incluso cuando ya estaba indefenso en el suelo, y cómo los agentes encargados no pidieron atención médica inmediata y lo trasladaron sin asistencia especializada, lo que alimenta la sospecha de que no se trató de un simple infarto. 

En ambos casos —uno con un hombre magrebí y otro con un gitano— las versiones oficiales y las de las familias chocan frontalmente. Y en medio de esa disputa de relatos, salen a la luz patrones preocupantes:

- Casos donde la violencia policial termina en muerte, sin que se hayan agotado vías alternativas o protocolos de desescalada. 

- Dudas sobre transparencia de investigaciones y acceso a pruebas clave como grabaciones de cámaras o atestados completos.

- Familias y comunidades que sienten que sus vidas no son valoradas igual cuando están en contacto con cuerpos de seguridad.

- Un patrón histórico en España donde habitantes racializados (magrebíes, gitanos y otros colectivos visibles) se enfrentan a persecución, prejuicio y presunción de culpabilidad.

Abderrahim El Akkouh– hombre de origen marroquí de 35 años muerto en Torrejón de Ardoz en junio de 2025 tras ser reducido por un policía fuera de servicio; la familia denunció que fue asfixiado y que el uso de fuerza fue desproporcionado, lo que ha generado protestas y reclamos de justicia. 

Mahamedi - Barcelona julio de 2025

Un joven de 22 años, nacido en Cataluña e hijo de padres gambianos, murió dentro de una comisaría en Montornès del Vallès tras una actuación policial.

Los colectivos antirracistas señalaron que fue disparado por un agente dentro de la dependencia policial, y pidieron esclarecer por qué se usó un arma de fuego en lugar de técnicas menos letales.

Iliass Tahiri - Almería 2019, Iliass, un joven de origen marroquí, de 18 años, falleció en un centro de menores bajo custodia en Almería donde fue inmovilizado por varias personas del personal. Aunque el informe forense habló de "arritmia cardiaca" por la postura, muchas organizaciones señalan la forma en que fue sujetado como factor clave. 

Eleazar García - era un joven gitano de 30 años con discapacidad intelectual. El 8 de septiembre de 2019, Eleazar fue a ver un partido de la selección española en el estadio El Molinón (Gijón) con su padre y un amigo. Salió del estadio a comprar algo y cuando intentó volver a entrar sin ticket, fue interceptado por vigilantes de seguridad. Lo redujeron. Posteriormente, agentes de la Policía Local también se involucraron en su detención y traslado al centro de salud cercano. Eleazar falleció poco después de ser reducido e inmovilizado por varias personas (vigilantes y policías). Su familia y colectivos contra el antigitanismo sostienen que su muerte fue causada por esa inmovilización y uso excesivo de fuerza, y no por causas naturales.

No son casos aislados, son patrones, son cuerpos marcados por el racismo, la pobreza y la indiferencia institucional, nombrarlos es justicia, callarse, es cómplice.

Verdad, memoria y reparación.

Dany de Vargas, escritor, actvista y encargado del departamento de comunicación de 16 de Mayo Juventud Gitana