La Guardia Civil de Gran Canaria ha desvelado la identidad de una empresa responsable de un vertido ilegal de 29 bidones con productos químicos peligrosos. El hallazgo se produjo tras la alerta de ciudadanos sobre dos vertidos en Las Palmas de Gran Canaria y uno en Telde. Los bidones contenían sustancias como alcohol isopropílico, isocianatos y poliureas, comúnmente usadas en la impermeabilización y fabricación de espumas de poliuretano.
Los agentes del SEPRONA acudieron a los lugares indicados, donde confirmaron la presencia de los residuos. Además, algunos de los bidones estaban fracturados, liberando el producto al entorno. Tras recibir avisos de vertidos similares en otros puntos de la isla, se inició una intensa investigación que incluyó inspecciones y análisis de imágenes para rastrear la procedencia de los bidones.
Las pesquisas llevaron a los agentes a una empresa situada en un polígono industrial, que estaba en proceso de traslado. En la nave, encontraron más bidones similares y el vehículo supuestamente utilizado para transportar los residuos. Al ser descubiertos, los responsables de la empresa admitieron su culpabilidad y se encargaron de la retirada de los residuos, contratando a una empresa autorizada para la gestión de este tipo de desechos.
Hasta 3.500.000 euros de sanción
La retirada se llevó a cabo bajo la supervisión del SEPRONA, que levantó las correspondientes actas de constatación. Estos vertidos no solo suponen un riesgo para la flora y fauna local, sino que también representan un peligro para la salud pública, ya que el contacto con estas sustancias puede provocar quemaduras graves y daños oculares, además de posibles reacciones alérgicas.
La empresa podría enfrentarse a sanciones económicas significativas, que podrían ascender hasta los 3.500.000 euros, según la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Además, se recomienda mantener estas sustancias lejos de fuentes de ignición y evitar su inhalación. La investigación sigue en curso y se espera que se formulen denuncias administrativas en breve, lo que podría sentar un precedente importante en la gestión de residuos peligrosos en la región.