La preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores gana fuerza en las instituciones europeas de manera paralela a la que lo hace en España. El Parlamento Europeo ha vuelto a reclamar medidas urgentes para limitar el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas, llegando a plantear los 16 años como edad mínima de uso. Los eurodiputados consideran que los efectos sobre la salud mental de los jóvenes son cada vez más evidentes y piden a la Comisión Europea que actúe sin demora utilizando las herramientas legislativas ya disponibles.
Entre ellas destaca la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a retirar contenidos ilícitos y a proteger a los usuarios más vulnerables, incluidos los menores. Sin embargo, varios eurodiputados consideran que la normativa actual no es suficiente, ya que gran parte de la evaluación de riesgos sigue dependiendo de las propias compañías tecnológicas. Los procedimientos sancionadores abiertos en los últimos años han puesto de manifiesto las limitaciones de este modelo.
Mientras el Parlamento presiona para acelerar la regulación, la Comisión Europea mantiene una postura más cautelosa. Bruselas ha optado por esperar las conclusiones de un grupo de expertos designado por la presidenta Ursula von der Leyen antes de decidir si es necesario impulsar nuevas medidas. El panel presentará sus recomendaciones el próximo 13 de julio, un informe que servirá de base para futuras decisiones legislativas. Según explicó el comisario europeo de Juventud, Glenn Micallef, cualquier iniciativa adicional dependerá de las conclusiones de este trabajo. En cualquier caso, los tiempos de tramitación comunitarios hacen prever que una eventual propuesta no llegaría hasta finales de año.
Los Estados miembros incentivan el debate
El debate también se está trasladando a los Estados miembros. Países como Francia y España han anunciado iniciativas para restringir el uso de las redes sociales entre los menores, aunque la Comisión ha recordado que son las instituciones europeas las que tienen la competencia para imponer nuevas obligaciones a las plataformas digitales mediante la DSA.
Durante un reciente debate en la Eurocámara, varios grupos políticos reclamaron una respuesta inmediata. El eurodiputado socialista maltés Alex Agius calificó la situación como una auténtica “pandemia” que afecta a toda la Unión Europea y defendió la necesidad de aplicar con mayor firmeza la legislación vigente. En la misma línea, la presidenta del grupo liberal, Valérie Hayer, señaló que la evidencia sobre los riesgos para los menores es suficiente para justificar una actuación urgente. También recordó que países como Reino Unido ya han anunciado restricciones para los usuarios menores de 16 años, medida que corrió a cargo del ya cesado Keir Starmer.
No obstante, existen posiciones divergentes sobre la mejor fórmula para abordar el problema. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechaza la idea de fijar una edad mínima de acceso al considerar que no resuelve el fondo de la cuestión. Una visión similar comparte el eurodiputado popular Pablo Arias, quien apuesta por soluciones equilibradas que combinen protección y acceso a las oportunidades del entorno digital. En su opinión, la clave pasa por reforzar el cumplimiento de la normativa existente y asumir que la seguridad de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre plataformas, familias, educadores y responsables políticos.
Por su parte, la eurodiputada socialista Laura Ballarín defiende una estrategia más amplia en la que distintas herramientas regulatorias puedan coexistir. Entre ellas menciona la DSA, el futuro sistema europeo de verificación de edad y la futura Ley de Equidad Digital (DFA), una normativa destinada a combatir prácticas abusivas en internet, incluidos los llamados diseños adictivos que fomentan un uso prolongado de las plataformas. Su presentación está prevista para finales de 2026.
Pese a las diferencias sobre el camino a seguir, las instituciones europeas comparten el objetivo de reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de las redes sociales y minimizar el impacto que estas plataformas pueden tener sobre su bienestar y salud mental.
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