España consigue un nuevo hito en cuanto a derechos sociales y se convierte en el mejor país de Europa en derechos LGTBI por primera vez en su historia. Nuestro país ha desbancado a Malta, que ostentaba hasta ahora el puesto número uno, en el ranking que actualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional.
Se trata de un análisis que, bajo el nombre de Mapa Arcoíris, evalúa desde 2009 las políticas y leyes de 49 países alrededor de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y del resto del colectivo. Por primera vez, España ocupa el primer puesto, superando así a Malta, que había mantenido el trono durante una década.
La organización cuenta a su vez con unas 600 organizaciones en toda la región y estudia los derechos en materia LGTBI de los países que estudia, certificando su compromiso con el colectivo en una escala del 0 al 100%.
De este modo, en la presente edición adjudica a España un 89%, es decir, a tan solo un 10% aproximadamente del total. Malta se queda muy cerca, pero por primera vez por detrás con el 88% de la puntuación.
Cabe destacar que la cifra media de Europa es del 43% y de los países que forman parte de la Unión Europea del 52%, con lo que nuestro territorio supera con creces el porcentaje medio, siendo galante de “valentía”, según las palabras de la propia entidad.
ILGA destaca la “combinación de logros” que han permitido este ascenso meteórico, entre los que se encuentran la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unidos a “nuevas protecciones legales”.
El Gobierno de coalición “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” al haber adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos del colectivo. Asimismo, apunta como un aspecto a reconocer la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación, así como la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.
Avisa de las políticas de PP y Vox
ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas que favorecen los derechos LGTBI, como es el caso de Asturias, pero advierte de los intentos de la derecha del PP y de la extrema derecha de Vox de recortarlos.
Si bien, centra más el foco en la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desmontar los intentos del Partido Popular y de los de Santiago Abascal por “desmantelar estas protecciones”. Alude así a los recursos que conservadores y ultraderechistas han elevado al Tribunal Constitucional (TC) y hace especial hincapié en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde gobierna el PP y que ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.
Buen hacer del Ejecutivo español
ILGA pone en valor el buen hacer del Gobierno de España. En declaraciones de Katrin Hugendubel, subdirectora de la organización, el primer puesto de nuestro país da buena cuentad “lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”.
Una de las responsables de los análisis no pasa por alto el contexto global, en el que existe una “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del equipo de coalición español, a pesar de que “aún queda mucho por hacer”: “Nos recuerdan que la valentía política es una elección”.
El día a día
El informe matiza que el mapa mide leyes y políticas públicas, pero no la “realidad vivida”, dado que la distancia existente en España y otros lugares entre los avances legales y la experiencia cotidiana está ahí.
Así lo avalan informes como el Estado del odio LGTBI, que reveló que más de la mitad de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año, mientras que un 44% se refiere a la violencia en entornos digitales.
Los países con peor legislación LGTBI
Al otro lado del análisis se encuentran Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia, mientras que la Italia bajó al puesto 36 con Giorgia Meloni en el poder.
Casos concretos como Turquía registran una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos a golpe de normativa, sobre todo contra la personas trans o a través de la disolución de una organización juvenil LGTBI, además de un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas.
Rusia se sitúa en última posición. Aquí “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son calificadas de "extremistas". Esto “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.
La otra cara de la moneda se centra en avances en derechos de las personas trans. Albania ha subido dos puestos por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual.
República Checa o Letonia han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia “continúa patologizando las identidades trans”, pero también ha dado luz verde a legislación en esta línea.
Luego están, por ejemplo, Portugal, que ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras en Eslovaquia se debaten enmiendas que solo reconocen como progenitores “a una madre y un padre”.
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