En las últimas semanas, el debate sobre la posible prohibición del burka y el niqab en España ha saltado al primer plano de la agenda política y mediática. Lo que hasta hace poco era un asunto prácticamente marginal —dado que el uso de estas prendas que cubren parcial o completamente el rostro es extremadamente minoritario en España— se ha convertido en el eje de una fuerte pugna entre partidos de distinto signo y en un nuevo campo de confrontación sobre identidad, derechos fundamentales y modelo de convivencia social.
El detonante de esta discusión ha sido la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley promovida por el partido Vox, respaldada por el Partido Popular (PP), que propone prohibir en todo el territorio nacional el uso del burka y del niqab en espacios públicos. La iniciativa argumenta —según el propio texto y sus defensores— que estas prendas podrían representar un riesgo para la seguridad ciudadana (por la dificultad de identificar a quien las lleva) y sostienen que su uso puede estar vinculado a situaciones de coacción o desigualdad hacia las mujeres.
La propuesta, que plantea además sanciones económicas e incluso penas de prisión en caso de coacción para imponer estas vestimentas, ha reavivado un debate que en Europa lleva años abierto y que ya ha llevado a países como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Suiza o Portugal a imponer restricciones más o menos amplias sobre el uso de velos integrales en espacios públicos.
Sin embargo, en el propio panorama político español la iniciativa no cuenta con un amplio respaldo. El Gobierno de coalición —formado por PSOE y Sumar— ha expresado su rechazo frontal, señalando que una prohibición generalizada vulneraría derechos constitucionales básicos como la libertad religiosa y la no discriminación. Partidos como ERC, EH Bildu o el PNV también se han posicionado en contra, denunciando que la medida podría alimentar discursos xenófobos y estigmatizar minorías religiosas.
La posición de otras fuerzas ha añadido más complejidad al debate. Por ejemplo, Junts per Catalunya anunció que votará en contra de la propuesta de Vox, aunque ha registrado una iniciativa propia con contenido similar —también abogando por prohibiciones— pero defendiendo que la regulación debería corresponder a competencias autonómicas.
Más allá del ámbito estrictamente partidario, expertos académicos y representantes de comunidades musulmanas han advertido que no existe un problema social significativo vinculado al uso del burka o el niqab en España y que su prohibición puede tener efectos claramente estigmatizadores y discriminatorios, especialmente para mujeres musulmanas que deciden libremente portar estas prendas como parte de su identidad religiosa o cultural.
Además, cabe recordar que la jurisprudencia española ya ha enfrentado este tipo de normativas en el pasado. En 2013, el Tribunal Supremo anuló reglamentos municipales que intentaron prohibir el velo integral en lugares públicos por considerar que vulneraban derechos fundamentales, poniendo de manifiesto el delicado equilibrio entre seguridad, orden público y libertad religiosa.
La controversia, alimentada en buena medida por la confrontación política, contrasta con la escasa presencia real de estas prendas en la vida cotidiana del país. Aun así, el debate ha logrado instalarse en el centro de la agenda pública, evidenciando hasta qué punto las cuestiones identitarias marcan el pulso político actual. En este contexto, queremos conocer tu opinión: ¿Estás a favor de prohibir en España el burka y el niqab?