En agosto no hay exámenes de conducir, y de no cambiar las cosas, en septiembre tampoco los habrá. Los examinadores de Tráfico han convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 4, que, a juzgar por el punto en el que están las negociaciones, se va a llevar a cabo.

La relación entre el colectivo y el Gobierno es tensa y no se ha avanzado pese a los paros que se han realizado en los últimos meses. Que se esté pensando ya en los servicios mínimos no invita a pensar que hay intención de llegar a un acuerdo con el colectivo.

“A día de hoy no ha habido negociación alguna y los dos encuentros que han existido han sido para imponernos sus posturas”, cuenta a ELPLURAL.COM Joaquín Jiménez, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico Asextra. “Están más preocupados por los servicios mínimos que por no llegar a la huelga”, subraya, y si “la otra parte no está por la labor de avanzar, no hay solución”.

Con o sin servicios mínimos

El cumplimiento de servicios mínimos está también en el aire, dado que “no se trata de un servicio esencial y son de dudosa aplicación”, indica Jiménez, quien ya avanza que “en caso de que nos lo quieran imponer, lo recurriremos”.

La principal reivindicación de los examinadores de tráfico radica en hacer cumplir lo pactado en octubre de 2015, entre lo que estaba “el aumento del complemento específico del colectivo examinador y examinador coordinador, que asciende a 250 euros brutos mensuales”. “Hemos intentado por activa y por pasiva que se cumpla lo acordado, pero no lo hemos conseguido”, puntualizan desde Asextra.

Carga de trabajo

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con la carga de trabajo. “Ahora mismo estamos dando un servicio en el que impera la cantidad sobre la calidad, cuando debería ser al contrario, puesto que somos un pilar fundamental de la seguridad vial, un aspecto que en este país deja mucho que desear”, explica a este medio el presidente del colectivo.

Para la asociación, esto es el resultado de una “mala planificación de la Dirección General de Tráfico, por no haber ampliado la plantilla en tiempo y forma”. El Gobierno, sin embargo, considera que este aspecto está cubierto con la Oferta Pública de Empleo aprobada el pasado 7 de julio, que recoge 435 plazas de promoción interna y 70 nuevas. “Tráfico miente más que habla y manipula los datos”, afirma con rotundidad Joaquín Jiménez, que indica que “solo los 70 son nuevos puestos y el resto plazas que ya están cubiertas”. “Lo único que se hace es, a través de una especialización, pasar del grupo C2 al grupo C1, pero serán los mismos trabajadores”, indica.

Víctimas de agresiones

El problema de las agresiones, que ya denunció el colectivo en reiteradas ocasiones, también “sigue sin resolverse del todo”, puntualiza Asextra. Hace dos años se acordó que el examinador tuviera la potestad de decidir si comunicaba el resultado in situ o al día siguiente a través de la página web de la DGT, “ya que tenemos compañeros a los que incluso han intentado apuñalar”, pero en más de la mitad de las jefaturas de tráfico del país, “por un tema administrativo”, hay orden de que al final de la prueba se le devuelva a los alumnos que no la han superado el informe médico, de manera que “saben quién ha suspendido y quién ha aprobado”.  

“A los cinco metros de haber dejado el coche ya están insultándote, abrazándose, o dándose cabezazos”, narra Jiménez. “Sobre este asunto también mintió el director de la DGT en el Parlamento, y ahora han tratado de arreglarlo mandando un correo electrónico pidiendo que no se entregue la documentación al término del examen”.  

La huelga sale cara

El colectivo de examinadores afirma estar “preparado para todo lo que venga”, y esto puede suponer un duro golpe para sus bolsillos. Cada día de paro pierden una media de 65 euros, “a los que hay que sumar una parte proporcional de algunos pluses que tenemos”. Sumando lo que dejarían de ganar todos ellos en 20 días laborables, nos encontraríamos con “más de un millón de euros en las arcas de la DGT”.  

Los afectados no confían lo más mínimo en la “actitud despótica del Gobierno” y su única esperanza reside en que lo que piden “está reconocido a nivel parlamentario”.

En otoño de 2015 llevaron a cabo una huelga histórica. Entonces duró 32 largos días.