Cada segundo, o incluso menos, una persona publica un mensaje en Facebook o Twitter. Textos en los que se informa de algo, se opina o simplemente alguien relata un momento de su día. Pero entre los millones de mensajes que se difunden, lamentablemente, siempre hay alguno que podría haberse quedado en el cajón del olvido, ni siquiera en el del pensamiento.
Las redes sociales están repletas de textos que podrían ser calificados como delito de llevarse ante un tribunal. Incitación al odio de algún colectivo, insultos, presiones e incluso amenazas que llegan hasta el deseo de muerte son más que habituales, tanto, que hay gente que se siente con total impunidad.
El último caso de odio en redes ha acabado con la detención de un hombre por hacer un llamamiento a apalear a los inmigrantes hasta que su cuerpo se vuelva “aún más negro”.
A los inmigrantes “había que molerlos a palos y ponerlos aún más negros de lo que están”, escribió en Fecebook un hombre del que ha trascendido que es un vecino de Vilagarcía (Pontevedra), de 63 años y que ha sido tenido por la Guardia Civil por un presunto delito de odio.
Pese a estar en libertad provisional con cargos tras prestar declaración en el juzgado, la Benemérita cree que es el autor de “una importante cantidad de publicaciones de contenido violento, incitando explícitamente al odio y a ejercer la violencia contra los colectivos de inmigrantes” violando “los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución”.
Contra el colectivo LGTBIQ+
Por desgracia, este sólo es el último caso de cientos. Todo el mundo es susceptible de sufrir un ataque en redes sociales, pero colectivos como el de los inmigrantes o el LGTBIQ+ suelen ser diana de desalmados que plasman en post y tuits sus creencias xenófobas y, normalmente de extremaderecha.
Y no es algo reciente. En 2015 el colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales Lambda enunció que uno de sus activistas de Valencia, que por aquel entonces sólo tenía 18 años, estaba recibiendo amenazas de muerte por el simple hecho de ser homosexual.
Tal y cómo denunciamos en ElPlural.com, un joven neonazi compartió todos los datos personales de la víctima para que cualquiera pudiera identificarle. Además, preguntaba: “Sería mejor matarlo con una pistola o a puñetazos".
Lo peor de esta historia es que su mensaje fue compartido y apoyado por decenas de usuarios de extrema derecha multiplicándose las amenazas de muerte contra el chico homosexual.
Los políticos, no se libran
Puede parecer que los personajes públicos, como los políticos, son los únicos en los que se fijan las cuentas que no deberían de existir, pues su fin pasa por insultar casi como religión. Sin embargo, sus casos, son más sonados.
En enero de este 2018, un vecino de Igualada (Barcelona) fue arrestado por la Policía Nacional por verter amenazas en Facebook contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El mismo día, el detenido quedó en libertad a disposición de la autoridad judicial tras prestar declaración en el juzgado de guardia de esa ciudad barcelonesa. Estas amenazas fueron más comentadas que las que sufren diariamente ciudadanos no conocidos.
También fue muy sonado el caso de la detención de una mujer que pidió que violaran en grupo a Inés Arrimadas, la líder del mismo partido en Cataluña. Sin embargo, no siempre se actúa de la misma manera.
Izquierdas y derechas
Una polémica que circula desde hace tiempo cuestiona si la Justicia acúa igual cuando el delito se comete contra una persona conocida y si esta persona es de derechas o izquierdas.
Por ejemplo, el Juzgado de Instrucción 1 de Motril (Granada) archivó el pasado 9 de diciembre de 2017 una denuncia por un posible delito de incitación contra un vecino de esta localidad que usó Twitter para publicar comentarios contra varios diputados. Uno de ellos era Gabriel Rufián.
Entre las publicaciones, que recogió el fiscal en su denuncia, destacaba una en la que amenazaba a rufián y se deseaba la muerte de su hijo. "Ojalá lo maten", dijo literalmente.
Otros de los tuits difundidos en los que la Policía detectó contenido "incitador de la violencia y el odio" se enviaron a Oriol Junqueras, Muriel Casals, Raúl Romeva, Carme Forcadell o Artur Mas. A estos les decía: “Todos a la cárcel o al paredón”.
Otro ejemplo más reciente, lo protagonizó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En septiembre, a sus 74 años, sufrió una caída y tuvo que ser ingresada en observación durante 24 horas en el hospital de La Princesa, para descartar lesiones internas.
Muchos detractores aprovecharon el momento para desplegar su odio y dejar mensajes como estos: