Ya conocido el tinte feminista del Gobierno de Pedro Sánchez, la Dirección General de Trabajo ha admitido el depósito de constitución de un sindicato autodenominado “Organización de Trabajadoras Sexuales” (OTRAS, por sus siglas) que, según sus estatutos “desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”.
El estatuto no deja claro que actividades quedan recogidas pero su denominación ha generado dudas porque podría encubrir el alcance a personas en situación de prostitución. Hasta el momento, la prostitución no es una actividad legal en España y dar luz verde a un sindicato de estas características podría suponer reconocimientos de carácter laboral.
Desde la Dirección General de Trabajo niegan que tuvieran esa intención con su medida y defienden que “no todo el trabajo relacionado con el sexo es ilegal” haciendo referencia a los profesionales que hacen referencia al cine porno. La propia Dirección General asegura que ellos solamente cumplieron con sus funciones, “depositar los estatutos y anunciar su publicación” en tanto que “no especifican ni hacen mención a profesiones ilícitas”, en caso de no haber sido así se habría rechazado el documento.
El anuncio de constitución fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de agosto, un requisito necesario para la formalización de la organización como entidad jurídica. Esto es precisamente lo que la distingue de otras iniciativas recientes que declaran abiertamente su intención de luchar por los derechos laborales en el ámbito de la prostitución, como la sección sindical de prostitutas creada a finales de julio dentro de la organización Intersindical Alternativa de Cataluña.
Fuentes sindicales han explicado que la aceptación de los estatutos por la Dirección General de Trabajo es parte del camino burocrático de toda asociación que quiere constituirse como sindicato. En la práctica, no tendrán demasiado recorrido si se salen del marco laboral legal, ya que para tener representatividad en las negociaciones es necesario acreditar un respaldo derivado de las elecciones sindicales. Por lo tanto, si sus afiliados no tienen una actividad lícitamente reconocida, su apoyo no contara como tal.
Estas mismas fuentes aseguran que no es complicado conseguir el visto bueno de la DGT, ya que basta con que los estatutos no incurran en contradicción con la Constitución. Atendiendo al estatuto del sindicato de Trabajadoras Sexuales, sus funciones abarcan el "trabajo sexual en todas sus vertientes" y sus objetivos son, entre otros, "la plena consecución de los derechos laborales de los y las trabajadoras" en esas áreas, "la mejora de la actividad laboral en todos los ámbitos del trabajo sexual", "la negociación colectiva" y "la asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y trabajadoras".
Para poder afiliarse, el único requisito es "ser mayor de edad" y entre sus "deberes" se les pide "ser leal al sindicato" y "no actuar contra sus intereses". Su domicilio se sitúa en la Plaza del Fénix de Barcelona y desarrollará sus actividades "en el ámbito territorial del reino de España". La solicitud de depósito fue formulada por Joaquín Pedro Donaire Mateos y junto a él, la suscriben Iris Meza Jaramillo, Sabrina Michelle Rivera Sánchez, Andrea Kathleen Degeus, Concepción Borrell Bernaus y Joaquín Alonso Marcos. La resolución de Trabajo puede ser impugnada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
