Uno de los mayores dramas que se vivieron durante la crisis económica del 2008 fueron los desahucios. Las imágenes de familias expulsadas de sus hogares se sucedían en los medios de comunicación. Las cifras eran desoladoras. Desde entonces, este problema ha persistido aunque no con la misma intensidad que en aquellos años. Ahora ese fantasma ha vuelto a raíz de la pandemia del coronavirus, exactamente se están produciendo cada día sesenta desahucios. “En el primer semestre de este año un total de 11.000 familias han sido desahuciadas, cuando esto se podría haber paralizado”, lamenta Marga Rivas portavoz de la Plataforma de Afectados por los Desahucios (PAH).
Rivas también reprocha la actitud pasiva del gobierno ante la “vulneración de un derecho constitucional” durante todos estos meses. Y es que pese a que algunos miembros del gobierno aseguraban en sus intervenciones que los desahucios estaban prohibidos hasta el 31 de enero, muchas personas seguían quedándose sin techo. Sin embargo, el gobierno anunció la semana pasada que la aprobación de un real decreto ley que suspenda los desahucios es inminente. Rivas ve esta medida como “un pequeño triunfo” aunque reconoce que “llega tarde”. “Llevamos mucho tiempo pidiendo esta medida, nos hemos reunido en muchas ocasiones con miembros del gobierno. La crisis económica que se a vecina es importante y va a haber muchas familias en esta situación”, explica.
La misma opinión comparte José Luis González portavoz de la PAH en València, quien pone en valor el trabajo que está haciendo los movimientos sociales. “Valoramos mucho el trabajo que estamos haciendo desde la PAH para defender el derecho a la vivienda. Pedimos desde finales de marzo esta medida y llega muy tarde porque cada día que pasa, hay más desahucios. Lo que pedimos ahora es que se avance la publicación de este decreto para que las familias que están pendientes de su desahucios queden protegidas”, reclama.
González hace referencia a las 38 familias del municipio valenciano de la Pobla de Vallbona pendientes de que les desahucien el próximo 9 de diciembre. Se trata de dos bloques de pisos que fueron construidos por una promotora que quebró poco después de vender unos pocos pisos. Posteriormente, el edificio fue embargado hasta que acabó en manos del BBVA. En un primer momento, la fecha del desahucio iba a ser el 9 de diciembre, pero este pasado lunes un juzgado de Lliria lo paralizó, tras admitir las alegaciones presentadas por el ayuntamiento, al menos hasta febrero.
El nuevo decreto real que prepara el gobierno contempla que no se puedan producir desahucios mientras dure el estado de alarma. Este, precisamente, es uno de los aspectos que más critican desde las PAHs. “Si la medida va a durar solo hasta mayo no nos parece adecuado. Lo adecuado sería que esta durará hasta que se publique la nueva ley de vivienda estatal, competencia del ministro Ábalos. Los efectos de la crisis van a durar mucho más que el estado de alarma y la PAH no se conformará”, denuncia González.
Otro aspecto que echan en falta en el nuevo decreto es que se prohiban los cortes de suministros. “De qué sirve que puedas quedarte en tu casa si no tienes ni luz, ni gas en pleno invierno”, lamenta Rivas. Algo en lo que también coincide González, quien al mismo tiempo quiere celebrar uno de los aspectos de esta medida. “Si el texto queda tal cual se ha publicado en los medios, hay un elemento importante porque por primera vez se reconoce el derecho a la vivienda a todas las personas tanto de alquiler, hipotecas o que hayan ocupado casas. Es un paso muy importante porque se deja de criminalizar y se empieza a reconocer este derecho”, indica.
Otro elemento relevante que pone encima de la mesa Rivas es la necesidad de crear más vivienda pública: “No nos sirve que llevan a las familias desahuciadas a albergues, hostales... Tienen que tener un mayor acceso a la vivienda pública, porque si algo hay claro es que hay muchas vacías”, lamenta.