Este domingo 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet. Una fecha que invita a reivindicar todo lo que la red ha aportado a la sociedad: acceso inmediato al conocimiento, democratización de la información y nuevas formas de participación pública. Sin embargo, el principal desafío de internet ya no es solo la falta de conectividad, que aún persiste en lugares de la llamada “España vaciada”. El verdadero reto es otro: la desinformación y la erosión digital de la verdad.
Vivimos en una época en la que la mentira viaja más rápido que los hechos y en la que la polarización se ha convertido en un negocio extremadamente rentable. Ante esta realidad, la pedagogía democrática y el periodismo riguroso constituyen nuestra primera línea de defensa.
La actualidad política de esta semana vuelve a situarnos frente a ese problema. La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado la suspensión cautelar de las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras acumular reiterados apercibimientos por alterar el decoro institucional e increpar a representantes políticos. Más allá del debate partidista, el episodio refleja una cuestión de fondo mucho más preocupante: la frontera cada vez más difusa entre el periodismo de rendición de cuentas y el modelo digital basado en la provocación permanente.
Mientras el periodismo profesional busca contrastar los hechos y contextualizar la información, otros actores han encontrado en las redes sociales un mecanismo perfecto para monetizar la crispación. El objetivo ya no es informar, sino fabricar vídeos virales de apenas unos segundos cargados de tensión, descontextualización y enfrentamiento constante. La política queda convertida en espectáculo inmediato para transformarse en un terreno embarrado, en lugar de ser un espacio para el debate y la confrontación de ideas y programas.
Frente a esta dinámica, la única vacuna verdaderamente eficaz sigue siendo la alfabetización mediática. Una sociedad bien informada es una sociedad más libre. Por ello, resulta imprescindible concienciar a toda la ciudadanía, desde los jóvenes que comienzan a relacionarse con las pantallas hasta las personas adultas y mayores que también consumen información digital cada día.
Nadie debe fiarse del primer impacto que recibe en redes sociales. El ser humano no deja de aprender, y en ese aprendizaje permanente también debemos asumir una responsabilidad como ciudadanos: lo que consumimos digitalmente condiciona nuestra visión de la realidad.
Aquí la educación adquiere un papel decisivo. Colegios, institutos, universidades y centros de educación de adultos, también conocida como Educación Permanente, deben convertirse en espacios de formación crítica capaces de enseñar a distinguir la información rigurosa de la simple manipulación emocional. Ya lo advertía en el siglo XIX Mariano José de Larra, gran referente del periodismo crítico en España, cuando denunciaba la impostura como una mentira que se viste de verdad para engañar a la sociedad.
Las aulas no pueden limitarse únicamente a transmitir contenidos; deben formar ciudadanos capaces de pensar críticamente en un entorno saturado de ruido, propaganda y desinformación. Porque no todo contenido merece la misma credibilidad.
La educación, al fin y al cabo, no consiste en llenar recipientes vacíos, sino en encender una inteligencia capaz de defenderse del engaño. Bajo esta premisa, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina lleva años recordando que la verdadera formación dota a las personas de herramientas para desarrollar criterio propio y autonomía intelectual.
Desde una base educativa sólida, la ciudadanía aprende no solo a consumir información, sino también a exigir rigor a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a quienes pretenden influir en la conversación pública.
Por eso, los centros educativos deben enseñar las pautas básicas de higiene digital que el buen periodismo aplica cada día: desconfiar de plataformas de dudosa credibilidad, rastrear el origen de las fuentes, separar los hechos de la adjetivación incendiaria y aplicar la regla del contraste frente a vídeos manipulados o contenidos diseñados únicamente para generar indignación.
En este Día Mundial de Internet, proteger el periodismo profesional dentro de las instituciones no es censura. Es defender el derecho constitucional a recibir información veraz, reconocido en el artículo 20.1.d) de la Carta Magna, que reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Ese principio también está recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en el ámbito europeo, en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
España necesita avanzar con valentía hacia una legislación de medios moderna y eficaz que contribuya a proteger el debate público frente al acoso digital, la desinformación organizada y la degradación constante de la convivencia democrática en redes sociales.
El objetivo de esta alianza entre educación y periodismo debe ser inequívoco: formar ciudadanos críticos, libres y comprometidos con la verdad. Porque compartir información sin verificar se ha convertido hoy en uno de los mayores riesgos para la salud democrática.
Una democracia sin ciudadanos críticamente formados queda a merced de la mentira rentable. Por eso debemos defender la educación, el pensamiento crítico y el rigor periodístico, para que la verdad siga siendo un derecho de todos y nunca termine convertida en un privilegio digital.
Diego Ruiz Ruiz es militante del PSOE de Toledo capital
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