El informe de la Guardia Civil remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel analiza 177 manifestaciones que estaban convocadas en la Comunidad de Madrid durante las tres primeras semanas de marzo, críticas en la expansión del coronavirus en nuestro país. Según el documento, se llegaron a celebrar 130, entre ellas la marcha del 8 de Marzo, y 35 fueron desconvocadas, ocho no se celebraron y de cuatro no consta ningún dato. Los investigadores, sin embargo, pusieron la lupa en las suspendidas para sustentar su teoría de que el Gobierno instó a sus convocantes a pararlas debido al brote de la pandemia, pero no hizo lo mismo con la de las feministas. Algunos los convocantes han desmentido que hayan sido presionados por la Delegación del Gobierno para que cancelaran sus actos, según El País.

El escrito de la Guardia Civil enviado al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, concluye que 12 marchas convocadas para los días posteriores al 8-M se suspendieron “instadas por la Delegación del Gobierno mediante llamada telefónica”. La intención era argumentar que el Gobierno intentaba suspender protestas mientras alentaba, por irresponsabilidad, la convocatoria del 8-M.

La Guardia Civil habla en su informe de "intencionalidad"

"La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran", señala el informe.

Las declaraciones de los testigos fueron manipuladas

Sin embargo, 10 de los promotores de esas manifestaciones han desementido, según adelanta El País, que hayan recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus actos. Uno de ellos ha dicho que ni siquiera recibió una llamada.

Teresa Rodríguez Celador de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), tenía previstas manifestaciones los días 13 y 20 de marzo. Un funcionario le llamó para preguntarle si finalmente se iban a celebrar, pero sin llegar a hacer ninguna recomendación sobre la suspensión. "A nosotros desde luego no se nos obligó. Ya lo habíamos decidido y cuando nos llamaron para preguntar si seguían adelante las manifestaciones les dijimos que no, que las habíamos desconvocado, y ahí acabó la conversación". El informe de la Guardia Civil dice que se cancelaron "por razones sanitarias" el día 12.

Rodríguez Celador ha explicado que el Instituto Armado la citó por teléfono para declarar y ella se sorprendió porque "no me podían citar así por teléfono, llamándome desde un número particular. Me resultó tan extraño que llamé a la Policía por si me habían engañado”. Al día siguiente, recibió una citación oficial en el sindicato y otra en su casa.

"A mí no me presionó nadie"

Diana Chnaiker, presidenta de una asociación que reclama ayudas de la Comunidad de Madrid para vivienda, había convocado concentraciones para los días 5, 12 y 19 de marzo, pero solo se celebró la primera de ellas. En su declaración ante lel Instituto Armado, Chnaiker explicó que la del 12 no se celebró porque tenían previsto hacerla ante la Asamblea de Madrid pero esta desconvocó el pleno, por lo que ellos cancelaron la protesta. “A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío”, afirma la mujer.

Chnaiker recibió una llamada el martes 17, ya durante el estado de alarma, en la que un funcionario le insistió en que debía enviar un correo suspendiendo su protesta para el jueves 19. “Necesitas notificarlo por correo electrónico”, le dijo ese funcionario. A ella le sorprendió, porque daba por hecho que, tras el estado de alarma, no se podía celebrar la concentración. El informe de los investigadores sostiene, sin embargo, que “el motivo de la cancelación” de la protesta del día 19 fue esa llamada recibida dos días antes.

La Guardia Civil relaciona la cancelación con una llamada 

El informe de la Guardia Civil recoge el caso de Claudiu Traian Covaciu, de la organización Solimundo, que había convocado dos manifestaciones, el 14, en Arganda del Rey, y el 15 de marzo, frente a la Embajada de Rumanía. La primera se celebró, pero la segunda fue desconvocada, ya en pleno estado de alarma.“Me llamaron de la Delegación de Gobierno para preguntarme si iba a seguir con la manifestación y les dije que no, entonces ellos ya aseguraron que con el problema del coronavirus era mejor suspenderla”. El informe de los investigadores señala: “Las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante de la Delegación de Gobierno (...) en la cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG le “interroga sobre si va a celebrar la manifestación prevista a pesar de la situación existente con el coronavirus”, siendo la respuesta del convocante negativa”.

Jesús Manrique Gómez había convocado una manifestación el 14 de marzo en nombre de 400 inquilinos afectados por la venta de 14 bloques de viviendas propiedad de Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia. Tres o cuatro días antes de la fecha, Manrique recibió una llamada de la Delegación de Gobierno.

"Le dije a la Guardia Civil que no me obligaron a cancelar"

“El hombre lo dejó claro, que no llamaba para que canceláramos, solo para ver qué íbamos a hacer”, explica Manrique. “Así se lo dije a la Guardia Civil, que en ningún caso me llamaron para obligarnos a cancelar, sino para saber únicamente cuál era nuestra idea”. Los propios convocantes habían decidido suspenderla días antes, y así lo dijo al Instituto Armado, el 7 de mayo. El informe recoge que la manifestación fue cancelada por el convocante e insinúa, como en otros casos, que la representación del Gobierno ha ocultado deliberadamente la llamada: no consta, señala el texto, “ningún tipo de referencia a la llamada telefónica efectuada”.

Pedro Gallego, de una organización de pensionistas en Alcorcón, se concentró el 9 de marzo en la Puerta del Sol con sus compañeros como cada lunes. Dos días después tenían previsto reunirse ante el Congreso, como hacen el segundo miércoles de cada mes. Pero no llegaron a hacerlo. Un día antes, ya habían decidido cancelar esta concentración por la situación sanitaria. Horas más tarde, los pensionistas decidieron desconvocar otras dos: el 15 y el 16 de marzo. 

Según el informe de la Guardia Civil, el jueves 12 Gallego recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para desconvocar las movilizaciones. El activista insiste en que “ya se había hecho, pero faltaba enviar la notificación”. La Guardia Civil asegura que una representante de la Delegación del Gobierno le pidió reiteradamente que tenía que ser él quien notificase la cancelación. 

"Si hubo una negligencia, fue no cancelar las manifestaciones"

Gallego contactó con Francisco Domingo de la Concepción, coordinador de la plataforma de pensionistas en San Sebastián de los Reyes, para avisarlo de la situación. Según reza en el informe, De la Concepción desconvocó una concentración para el día 16 tras haber charlado con su compañero, pero nunca llegó a recibir una llamada de la delegación. El pensionista confirma al teléfono : “Me dijo que teníamos que paralizar las movilizaciones hasta nuevo aviso”. El relato recogido en el informe de la Guardia Civil coincide con el que hace De la Concepción, pero el texto incluye esta concentración como una de las 12 desconvocadas “a instancias” del Gobierno.

Moisés Fernández, delegado sindical de CGT en el Corredor del Henares, también recibió una llamada de la Delegación del Gobierno. Fue el “martes o el miércoles” posterior al 8-M y le “invitó a cancelar” dos pequeñas concentraciones para la tarde del viernes 13, una de empleados de Amazon frente a su sede en San Fernando de Henares, y otra en Alcalá de Henares, de trabajadores de una fundación municipal cerrada por el ayuntamiento.

Fernández cree que si hubo alguna negligencia de la Delegación del Gobierno no fue por imponerle que cancelara las manifestaciones, sino más bien por su permisividad, algo que le sorprendió. “Nunca me dijeron no puedes hacerlo” y "quizás deberían habernos dado orden de cancelación. No teníamos ningún caso de trabajadores enfermos aún pero la gente ya empezaba a estar nerviosa”.