El Ministerio de Consumo ha aumentado este año un 15% las subvenciones destinadas a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mientras mantiene paralizada una investigación sobre las comisiones que lleva años cobrando de un número creciente de empresas a cambio de captarles clientes. La entidad recibirá 449.815 euros de dinero público, frente a los 390.395 del ejercicio anterior.
En paralelo al incremento de la financiación pública otorgada a la OCU, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ha decidido aplicar un reducción del 29% en las destinadas a FACUA. Se trata del mayor recorte aplicado a esta asociación en la historia, con el que pasará a recibir casi 174.000 euros menos que el año pasado, pasando de 632.325 a 435.497 euros.
La investigación a la OCU que Consumo mantiene paralizada fue abierta como consecuencia de denuncias presentadas por FACUA a finales de 2022. En agosto del año siguiente trascendió que se había abierto por un reportaje del diario El País. Sin embargo, más de un año después Consumo no ha dado a conocer sus conclusiones, a pesar de que la citada asociación ha continuado presentando denuncias contra la OCU por nuevos casos de acuerdos económicos con empresas.
Se trata de acuerdos por los que la OCU desarrolla desde hace más de una década campañas publicitarias para promocionar productos y servicios de cuyo importe recibe una comisión por cada cliente captado. Las campañas son difundidas en la web de la organización y mediante mailings a sus socios y simpatizantes.
Entre los pagadores de la OCU destacan el grupo de telecomunicaciones MásMóvil,, la empresa de alarmas para viviendas ADT, las de formación Vaughan y CCC y las energéticas Repsol, Cepsa, Octopus Energy, Holaluz, Feníe Energía, Esfera Luz -ahora Nexus Energía- y Gas Natural Fenosa -ahora Naturgy-.
En 2023, FACUA también denunció que una empresa vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las marcas mejor valoradas en sus análisis. Se trata de la sucursal en España de la sociedad luxemburguesa Euroconsumers SA.
Euroconsumers es el nombre de una sociedad mercantil con sede en Luxemburgo que pertenece a la federación del mismo nombre de la que forman parte la OCU y otras cuatro asociaciones de consumidores de Italia (Altroconsumo), Portugal (Deco Proteste), Bélgica (Test Achats/Test Aankoop) y Brasil (Proteste). El entramado también tiene una fundación en Países Bajos y, hasta hace unos años, una sociedad en Hong Kong.
En nuestro país, la ley prohíbe a las asociaciones de consumidores permitir el uso de su imagen con fines publicitarios.
Las asociaciones de consumidores tienen prohibido "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios", según determina el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así, la ley les prohíbe "todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios".