Ante la subida de precios de los últimos años en la cesta de la compra algunas empresas han optado por cambiar los ingredientes que contienen los productos y sustituirlos por otros más baratos y de peor calidad. El precio sigue siendo el mismo pero la calidad del alimento no. Los consumidores han optado por comprar las marcas blancas de los productos y las empresas por esta práctica que pone en duda la transparencia y la protección del consumidor.
La cheapflación es el término que define esta práctica. “Surgió a finales del pasado siglo XX para definir una práctica seguida por los fabricantes para sobrevivir a una crisis galopante. Básicamente consiste en sustituir los materiales o ingredientes que conforman el producto por otros de menor coste y, por lo tanto, de inferior calidad”, así lo explica Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School en un artículo publicado en Emprendedores.
Irastorza afirma que esta es una medida que utilizan las marcas para mantenerse en el mercado e incrementar su margen de beneficio. “Quienes más pierden con esta mala praxis son los consumidores que, en resumen, reciben un producto peor o en menor cantidad por el mismo precio”.
Abaratar el coste de producción implica una subida del coste encubierta. Esta problemática no solo afecta a los alimentos también se han visto perjudicadas otras industrias como la textil o la electrónica.
Esta práctica no es ilegal siempre y cuando se especifiquen los ingredientes o componentes en el etiquetado. Lo que resulta más complicado es cerciorarse de que productos han cambiado sus ingredientes. Es el caso del aceite de girasol, grasa que está siendo sustituida en muchos productos por el aceite de colza que es más barato.
Desde la Asociación Española de Consumidores (Asecon) advierten que esta práctica modifica la calidad del producto y “la gran mayoría de los consumidores no son conscientes”. Miguel ángel Ruiz, presidente de la asociación, ha afirmado que los ingredientes de los productos se cambian, pero su apariencia no, y que por tanto, va a ser muy difícil para el consumidor diferenciar la pérdida de calidad que ha sufrido el producto. Desde la asociación abogan por una mayor transparencia y que se advierta al consumidor de esta modificación dentro del etiquetado.
La OCU ha tomado medidas para hacer frente a esta práctica y otras como la reduflación basada en la reducción del tamaño o la cantidad de producto manteniendo o elevando el precio de este. La Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado una enmienda a la Ley General para la Defesa de los Consumidores y Usuarios.
La propuesta de la OCU solicita que, “cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una cantidad nominal constante, deberá informarse de forma inequívoca, clara y comprensible a las personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad o se utilicen materias primas de peor calidad y esto se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase”.
La organización propone que los cambios efectuados en un producto en referencia a la sustitución de sus ingredientes o la modificación en la cantidad de producto que este contenga deban informarse al consumidor de manera independiente y adicional a la etiqueta del precio en un plazo máximo de 90 días desde la primera comercialización del producto.