Águilas (Murcia) vive una tormenta política inesperada que ha situado en el centro del debate público al veterano ecologista Pedro Costa Morata, referente en la defensa del territorio desde hace cinco décadas e Hijo Predilecto. Nacido en 1947, ingeniero técnico de Telecomunicaciones y doctor en Sociología, fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998 por su dedicación al ecologismo y encabezó la candidatura al Congreso de los Diputados en la lista de Izquierda Unida de la Región de Murcia como independiente en las elecciones generales de 2011.
Un grupo vinculado a sectores conservadores —unos 300 firmantes— ha solicitado al Ayuntamiento la retirada de esa distinción honorífica, desencadenando una ola de rechazo social y político que ya se interpreta como una campaña orquestada de silenciamiento.
Mientras la petición se tramita, numerosas organizaciones ecologistas, vecinales y partidos como Izquierda Unida y Podemos han denunciado que la iniciativa persigue castigar al activista por sus recientes publicaciones en su blog, en las que cuestiona duramente la gestión de la exalcaldesa del PP, Mari Carmen Moreno, así como el poder que atribuye al secretario municipal Jesús López López y la “nefasta” política hídrica del municipio. En una de esas entradas, Costa recuerda que el Tribunal de Cuentas obligó a la exalcaldesa y a otros dos funcionarios a devolver 9.143 euros vinculados a un caso de acumulación de servicios del secretario, y resume el episodio como “peccata minuta” frente a lo que considera realmente grave: “la grotesca situación en la que ha quedado atrapada doña Mari Carmen Moreno en las redes y maldades del secretario López, que ha acabado dominando a la alcaldesa y a la administración municipal”, escribe.
La reacción de la sociedad civil no se ha hecho esperar. Colectivos ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos progresistas, como Izquierda Unida (IU) y Podemos Región de Murcia, han manifestado su apoyo al ecologista, denunciando lo que califican de una maniobra de censura. Algunos han pedido no solo que se archive el expediente, sino que se reconozca aún más su labor, sugiriendo dedicarle una calle o proponerle para la Medalla de Oro de la Región. Para muchos de sus defensores, esta campaña no se trata de una revisión administrativa de honores, sino de un ataque directo a la libertad de expresión, a la memoria histórica colectiva y al derecho a denunciar abusos medioambientales o de poder.
Las denuncias que han encendido la mecha
Pedro Costa explica en su blog que la situación municipal ha quedado secuestrada por unos manejos que él define como peligrosos. Denuncia que la exalcaldesa dimisionaria y sus allegados terminaron sometidos a los designios del secretario, a quien califica como “el que maneja los hilos” y del que asegura que en los mentideros políticos se habla con sobrenombres como “Jesús del Gran Poder” o “Puto Amo”, para subrayar el “temible” poder que ha acumulado. El ecologista describe así el clima interno del consistorio: “El ambiente tiene más que ver con el estilo mafioso que con una mayoría socialista”, afirma citando a “gente de dentro de la Casa” que le traslada su preocupación.
El ecologista señala que tras esa concentración de poder se esconden decisiones lesivas al patrimonio natural. En otro de sus artículos, repasa el legado de la exalcaldesa y enumera, una por una, las que considera sus decisiones más dañinas: “Aquel plan parcial de la playa de la cola, que vulneraba cuatro o cinco espacios protegidos; su indiferencia ante la suerte de Cabo Cope; su empeño en autorizar un camping-caravaning dentro del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre; sus manejos con ADIF para construir una nueva estación ferroviaria en el quinto pino, destinando las actuales instalaciones a urbanización y especulación”, escribe, antes de rematar que todo ello se inscribe en su “alianza con los depredadores de la agricultura intensiva”.
En su análisis de Jesús López López, secretario municipal, Costa va más allá del retrato político y entra en el terreno de los contratos, las concesiones y el dinero público. Relata su etapa en Torrevieja y el papel del Tribunal de Cuentas y concluye que López ha construido su influencia sobre un patrón que resume de forma muy gráfica: “Conviene subrayar este modus operandi del funcionario López, que consiste en intercambiar favores utilizando su evidente poder funcionarial y utilizando a los beneficiarios como rehenes de sus poco ortodoxas maniobras”. A ello añade una práctica que califica de “habitual y depurada”.
“No firmar decisiones delicadas, dándose de baja por enfermedad y delegando en otros la firma de asuntos comprometedores, de donde le viene buena parte de su poder, de tener cogidos a funcionarios y políticos por sus firmas inadecuadas”. Costa vincula ese modo de actuar a lo que considera un daño directo a las arcas públicas, al hablar de “desmadre generalizado en el Ayuntamiento de Águilas” y de una “sensible merma de caudales públicos” en la que señala como “agente perturbador” a López y como “consentidores máximos” a Mari Carmen Moreno y a su sucesor, Cristóbal Casado.