La DANA en Valencia y sus horribles consecuencias han dejado varias lecciones. La primera de ellas, la importancia de planificar infraestructuras que puedan contribuir a evitar desastres de esta magnitud, y ser conscientes de la existencia de las zonas en las que pueden producirse inundaciones graves para no construir viviendas en ellas. Una tragedia humanitaria que da lecciones, sobre todo, de coherencia y preparación desde una perspectiva infraestructural y urbanística, poniendo de manifiesto la importancia de tomar decisiones acertadas en ese sentido para, básicamente, evitar muertes. Pese a ello, los planes urbanísticos de la Comunidad de Madrid siguen adelante en una decisión que puede ser problemática en el futuro: la construcción de viviendas públicas sobre el cauce de un arroyo, una obra que ya ha sido decretada como ilegal, pero que sigue adelante.

Tal y como informó este periódico en su momento, el Ejecutivo madrileño habría construido a sabiendas de lo que estaba haciendo 488 viviendas públicas sobre el cauce de Arroyo de la Dehesa, ubicado en el barrio de Tempranales de San Sebastián de los Reyes. Así lo pudo comprobar este medio de comunicación después de acceder en exclusiva a un Oficio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de viviendas que nunca podrían ser habitadas, y parte de ellas deben ser demolidas al ser "ilegales". Lejos de proceder con ello, la Comunidad sorteó las mismas mientras una partida de ellas se encontraba en proceso sancionador.

No son los únicos pisos con problemas con el agua

Sin embargo, estas no son las únicas viviendas públicas de la Comunidad de Madrid que tienen el cauce de agua como un problema. Otras viviendas del Plan Vive, un proyecto que, lejos de beneficiar a los ciudadanos de renta media o baja, ha supuesto una herramienta de acceso a la vivienda a personas que no necesitan esa clase de ayuda por su posición económica, también han sufrido problemas de inundaciones.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de la Zona Sur de Madrid ya tachó en su día de chapuceras las construcciones. "Son una ruina. Mientras se cede suelo y se regala dinero público, las empresas se forran. Solo nos queda la autoorganización. Ni rentistas, ni fondos buitres, ni gobiernos van a solucionar nuestros problemas", denunciaban.

 

El Plan Vive madrileño, en la práctica, lo que en la región han señalado durante tanto tiempo -y mantienen- como una medida para ayudar a los jóvenes en el camino hacia su emancipación, ha terminado suponiendo una propuesta beneficiosa para las personas más pudientes debido a lo elevado de los umbrales para poder presentarse como solicitantes. Y es que muchos de estos hogares con "precios asequibles de alquiler", según el portal autonómico, no se reparten en función de la renta, sino por orden de llegada de los formularios de inscripción que pueden rellenar ciudadanos que cobren hasta 80.000 euros.