La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) lanza un mensaje firme: ningún profesional de la información debe volver a trabajar bajo amenazas, insultos o agresiones físicas. La intimidación contra periodistas y comunicadores se está consolidando como una práctica política y digital que busca amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Lo ocurrido recientemente en una cobertura en la calle —con increpaciones violentas a un equipo informativo— no es una anécdota: es un síntoma de un deterioro que se alimenta del señalamiento, la deshumanización y la impunidad.
La AGP-UGT advierte de un riesgo extremo: que la violencia contra la prensa se convierta en “coste asumible” del oficio. Normalizarlo equivale a degradar el Estado de derecho. Cuando se intimida a quien pregunta, se castiga a quien contrasta y se amenaza a quien informa, lo que se rompe no es solo una redacción: se rompe la democracia.
De la deslegitimación a la amenaza: una escalera de violencia
La violencia contra periodistas no surge de forma espontánea. Se construye. Empieza con la deslegitimación sistemática (“enemigos”, “vendidos”, “propaganda”), continúa con el señalamiento y culmina con el hostigamiento coordinado: insultos, doxing, amenazas y, finalmente, agresiones en entornos físicos. Esta escalera se acelera cuando determinados discursos convierten a la prensa en objetivo político y cuando las campañas digitales actúan como altavoz y cámara de eco.
La AGP-UGT subraya que el problema no es la crítica —legítima en democracia—, sino la intimidación y la violencia, también la que se ejerce desde el anonimato. En las últimas semanas se han hecho visibles casos especialmente graves que no pueden leerse como episodios aislados.
Nombres propios, un mismo patrón
La periodista y analista Sarah Santaolalla denunció amenazas de muerte tras la aparición de pintadas con su nombre en un lugar de memoria democrática: la tumba de las Trece Rosas en el Cementerio de la Almudena. La amenaza escrita (“RIP”) expresa con crudeza hasta dónde llega el odio cuando se dirige contra mujeres con voz pública.
La creadora de contenido y periodista Elena Reinés anunció su retirada temporal de redes sociales tras recibir amenazas de muerte reiteradas y describió la situación como “insostenible”, señalando además un efecto perverso: que la víctima quede penalizada por denunciar mientras los agresores permanecen activos.
El humorista y comunicador Héctor de Miguel (Quequé) comunicó igualmente un parón temporal tras una ola de amenazas y presión digital a raíz de una polémica mediática, advirtiendo del desgaste personal que provoca el acoso sostenido.
Estos casos —distintos en formato y trayectoria— comparten un mismo patrón: el uso del miedo como herramienta para condicionar qué se dice, quién lo dice y cuánto cuesta decirlo.
Mujeres periodistas y comunicadoras: violencia específica y agravada
La AGP-UGT insiste en un elemento estructural: las mujeres periodistas y comunicadoras reciben un tipo de violencia diferencial, donde el ataque político se mezcla con el machismo. Amenazas sexualizadas, insultos sobre el cuerpo, campañas de desprestigio y mensajes que buscan disciplinar la presencia pública de las mujeres forman parte de una agresión que pretende silenciar con un castigo añadido.
Por eso, la protección no puede ser neutra: debe reconocer la dimensión de género del acoso y responder con medidas concretas, desde protocolos hasta persecución efectiva del delito.
Instituciones, plataformas y responsabilidad democrática
La AGP-UGT reclama a las instituciones que actúen con diligencia: identificar y sancionar a agresores, prevenir situaciones de riesgo y garantizar que las coberturas se hagan con seguridad. La libertad de información no es un eslogan: es un derecho que exige condiciones materiales para ejercerse.
La organización también señala la responsabilidad de las plataformas digitales. La moderación opaca, la falta de trazabilidad de cuentas agresoras y la penalización de quienes denuncian violencia contribuyen a la impunidad. Es imprescindible una respuesta efectiva de empresas tecnológicas como Meta y servicios como Instagram, con sistemas que prioricen la protección de la víctima y la retirada rápida de amenazas.
Al mismo tiempo, la AGP-UGT reitera que ningún actor político puede mirar hacia otro lado cuando se alimenta un clima que legitima el señalamiento. El sindicato recuerda precedentes de hostigamiento a profesionales y pide cortar el paso a quienes se presentan como “informadores” para acosar y reventar actos públicos, una dinámica que la propia AGP-UGT ha denunciado en otras ocasiones, citando ataques a periodistas como Ana Pardo de Vera y Marta Monforte.
Exigencias de la Agrupación de Periodistas de UGT
La AGP-UGT exige medidas inmediatas y verificables:
- identificación y sanción de los responsables de agresiones, amenazas y coacciones a profesionales de la información.
- protocolos claros para coberturas en contextos de alto riesgo, con coordinación previa cuando existan antecedentes.
- refuerzo específico de la protección a mujeres periodistas frente a violencia machista y amenazas sexualizadas.
- compromiso público de partidos y representantes para no alentar discursos de odio contra la prensa y para condenar sin ambigüedades cualquier intimidación.
- cooperación efectiva con plataformas para preservar pruebas, retirar amenazas con rapidez y evitar que denunciar suponga castigo para la víctima.
Un llamamiento a la ciudadanía
La AGP-UGT apela a la sociedad: cuando se agrede a una periodista, a un cámara, a una reportera o a un comunicador, no se ataca solo a una persona. Se ataca el derecho colectivo a saber qué pasa. Sin periodismo libre, y libertad de expresión crece el espacio para la propaganda, la manipulación y el miedo.