45 años de la Ley del Divorcio: cuando España dejó de pedir permiso a la Iglesia

El 22 de junio de 1981, España votó algo más que una ley. El Congreso de los Diputados aprobó aquel día la Ley del Divorcio, una de las primeras grandes normas civiles de la Democracia y una de las más simbólicas de la Transición. Con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco, el país recuperaba por segunda vez en su historia la posibilidad de disolver legalmente un matrimonio. La primera fue en 1932, durante la Segunda República. Después, el franquismo lo encerró en el cajón junto a otros derechos y libertades robados.

Hasta entonces, la ruptura matrimonial estaba sometida en la práctica al control eclesiástico. Los tribunales de la Iglesia podían conceder nulidades, pero no existía un divorcio civil efectivo como derecho ciudadano. La ley de 1981 no supuso aún el divorcio libre que llegaría décadas después, pero sí provocó un cambio de época: los jueces civiles podían poner fin a matrimonios rotos y el Estado dejaba de mirar hacia otro lado ante miles de vidas bloqueadas.

“Fue la primera ley importante de la transición. Una revolución”, recuerda Paca Sauquillo, abogada, presidenta del PSOE de Madrid y autora del primer libro sobre reclamaciones en la Ley del Divorcio, en declaraciones a Europa Press. En los despachos de abogados, la necesidad era evidente. Las crisis familiares existían, aunque la ley no quisiera nombrarlas. Lo que cambió en 1981 fue que el Estado empezó a ofrecer una salida jurídica.

Batalla política dentro y fuera del Congreso

La norma nació en un clima de enorme tensión. La presentó el Gobierno de UCD, pero la izquierda llevaba años reclamándola. El exministro y exdiputado Virgilio Zapatero, uno de los ponentes del  , recuerda que el divorcio estaba en el programa socialista porque respondía a una demanda real de la sociedad: “No porque se nos ocurriera a nosotros, sino porque era una necesidad sentida”.

El primer proyecto de UCD no convencía a los socialistas. El propio Zapatero lo definió como “muy pacato”. La llegada de Francisco Fernández Ordóñez al Ministerio de Justicia fue decisiva para desbloquear un articulado más avanzado y moderno. El ministro, situado en el ala más progresista del centrismo, buscó el acuerdo con el PSOE y terminó aceptando buena parte de sus enmiendas.

La votación también retrató las grietas internas de UCD. Una treintena de diputados centristas rompieron la disciplina del partido y votaron junto a socialistas y comunistas. La clave fue la votación secreta, solicitada por el propio Virgilio Zapatero para permitir que los sectores más progresistas del grupo gubernamental apoyaran la norma sin exponerse públicamente. “No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos”, defendió Fernández Ordóñez en una de las frases que mejor resumen el espíritu de aquella ley.

El debate se concentró en dos grandes cuestiones: las causas para poder divorciarse y la llamada cláusula de dureza, que permitía denegar el divorcio si se consideraba que podía causar un perjuicio económico o moral grave a la otra parte. Los sectores democristianos intentaron limitar al máximo el alcance de la norma, mientras liberales, socialdemócratas e izquierda empujaron para abrir una vía real de salida.

La resistencia social fue intensa. La Conferencia Episcopal llegó a definir la ley como “una puerta abierta a la generación del mal”. Frente a esa oposición, el movimiento feminista desempeñó un papel fundamental. Sauquillo lo resume con claridad: “Las feministas presionaron muchísimo. Era un tema que estaba en toda la sociedad, pero sin ellas no se hubiera planteado así”.

Del miedo al divorcio exprés

La entrada en vigor de la norma no provocó el aluvión que anunciaban sus detractores. En 1981 se registraron 9.483 divorcios, una cifra muy alejada del derrumbe moral que pronosticaban los sectores conservadores y eclesiásticos. La primera pareja en divorciarse fue la formada por Julia Ivars y Vidal Gutiérrez, en Santander, el 7 de septiembre de aquel año.

La ley, sin embargo, nacía con límites. Para divorciarse era necesario acreditar una causa concreta, como infidelidad, abandono del hogar o alcoholismo, o haber pasado al menos un año de separación legal. España tuvo que esperar hasta 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para aprobar el llamado divorcio exprés, que permitió la ruptura sin necesidad de alegar motivos.

Aun así, la norma de 1981 cambió la vida cotidiana de millones de personas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial citados por Europa Press, desde entonces se han producido alrededor de 2,7 millones de divorcios en España. Detrás de esa cifra hay algo más que expedientes judiciales: hay mujeres y hombres que dejaron de depender de una moral impuesta para reorganizar su vida.

El abogado de familia José Luis Cembrano, en ejercicio desde 1975, recuerda que la ley abrió un nuevo campo en el Derecho de Familia y dio respuesta a una realidad que ya existía. También juristas como Luis Zarraluqui, fallecido en 2022, trabajaron durante años para que el divorcio civil se convirtiera en una posibilidad real. Su hija, Elena Zarraluqui, lo resume con una idea poderosa: su padre “creía mucho en el matrimonio”, pero pensaba que solo podía ser libre si existía la posibilidad de divorciarse.