El Obispado de San Sebastián ha exigido la retirada de las imágenes difundidas en redes sociales en las que aparece la rapera dominicana Tokischa Altagracia semidesnuda en el interior de la basílica de Santa María del Coro, en Donostia. La diócesis ha confirmado además que está estudiando si los hechos podrían dar lugar a “algún tipo de acción jurídica o canónica”, al considerar que se ha producido un uso indebido de un espacio sagrado.
La reacción del Obispado se produjo después de que circulara el vídeo grabado en el interior del templo donostiarra. En un comunicado oficial, la diócesis lamenta “profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos” que considera “incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado” y que, a su juicio, “hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”.
El elemento central de la denuncia pública del Obispado no es solo el contenido de las imágenes, sino el proceso previo a la grabación. Según explica la diócesis, en julio del año pasado la productora solicitó autorización para filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián. La petición, siempre según la versión eclesiástica, describía la escena como un momento “contemplativo y respetuoso”, sin diálogos ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar.
Posteriormente, añade la nota, la productora defendió que se trataba de un “proyecto cultural” orientado a “promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética”. Sin embargo, tras revisar trabajos previos de la productora y de la artista propuesta, el Obispado asegura que decidió no autorizar la grabación en ninguno de los templos o ermitas de la diócesis.
Pese a esa negativa, la diócesis sostiene que la productora contactó después con los responsables de la basílica de Santa María del Coro para llevar a cabo el proyecto, “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado”. Ese extremo es especialmente relevante para la Iglesia guipuzcoana, que considera que no se trata de una simple controversia estética o moral, sino también de una actuación realizada al margen de la autorización previamente denegada.
En su comunicado, el Obispado recuerda que el obispo puede permitir de forma excepcional algunos usos culturales en iglesias, como conciertos o exposiciones, siempre que no resulten contrarios a la santidad del lugar. En este caso, sostiene que lo sucedido no encaja dentro de esos supuestos y subraya la necesidad de mantener una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares de culto.
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de San Sebastián al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación. La organización sostiene que la difusión de estas imágenes ha tenido una importante repercusión pública y ha provocado una “profunda indignación y ofensa” entre fieles católicos tanto en Donostia como en el resto de España.
La denuncia se apoya en el artículo 524 del Código Penal, que castiga los actos de profanación cometidos en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas cuando se realicen en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente protegidos. A juicio de la fundación, el uso del templo y de sus símbolos en este contexto podría encajar en ese supuesto penal.
Junto a la posible vía judicial, la diócesis también ha dejado abierta la puerta a una respuesta desde el derecho canónico. En este punto, recuerda que la normativa de la Iglesia establece que en un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorezca el culto, la piedad y la religión, y prohíbe los usos que no estén en consonancia con la santidad del espacio.
Con la denuncia ya presentada y con la Iglesia estudiando medidas, el episodio ha dejado de ser una simple polémica viral para convertirse en un asunto con derivadas institucionales, jurídicas y culturales. La cuestión será ahora determinar si el caso se queda en una nueva controversia pública alimentada por las redes o si, por el contrario, avanza en los tribunales y abre un nuevo capítulo en el debate sobre religión, libertad de expresión y uso simbólico de los espacios sagrados.