Encontronazo entre el Tribunal Supremo y el Constitucional con el Gobierno a causa de la amnistía. Todo parte de la entrevista que concedió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a RNE, en la que sugirió directamente a los tribunales que “no pueden extralimitarse a la hora de interpretar la Ley de Amnistía”. Declaraciones que, según publica el diario El Mundo, no han caído bien en las altas instancias de la judicatura, especialmente en el seno del Alto Tribunal, donde se ha llegado a comparar la ley orgánica con la del sólo sí es sí, que provocó un incendiario debate hasta que se corrigieron algunos aspectos.
“Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretar, diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal”. Esta es la frase de la discordia, que ha levantado una densa nube de polvo en este mes de agosto marcado por la vuelta de Carles Puigdemont y su posterior fuga. En este marco se sitúan las palabras del ministro Puente que han tensionado en cierto modo a los magistrados tanto del Supremo como, según El Mundo, del Constitucional.
El Alto Tribunal, siempre acorde a la información del citado medio de comunicación, respondió que no existe exceso alguno de interpretación. Los problemas, arguyen, tienen raíces diferentes, como por ejemplo la redacción de la Ley Orgánica. Exponen que el texto es deficiente en su contenido, lo cual impide que el delito de malversación quede bajo el paraguas del articulado. Por ello, entienden que no hay extralimitación en sus juicios de valor o numerosos rechazos a aplicarla al expresident de la Generalitat, sino que ocurre como “sucedió con la ley del sólo sí es sí”. La normativa que confeccionó el Ministerio de Igualdad, entonces en mano de Irene Montero, pretendió garantizar condenas por delitos sexuales y acabó suavizando las ya impuestas, hasta su posterior corrección.
Desde la Sala del Supremo que tuteló el juicio del procés, así como la que dirige el juez Pablo Llarena, han concluido que es diametralmente imposible aplicar la amnistía al delito de malversación cometido durante el proceso separatista. De hecho, argumentan que le niega cobijo a quienes hubieran buscado “un beneficio personal de carácter patrimonial”, en lugar de amnistiar toda a la malversación. Precisan desde el Alto Tribunal que Moncloa quería evitar un más que probable tirón de orejas de la justicia europea a un perdón total de la malversación. Con todo, creen que lo que ocurrió es que la fórmula empleada exiliaba a los enjuiciados del procés, pues para lograr el propósito de la independencia recurrieron a un dinero público que debería haber emanado de su bolsillo.
Malestar también en el Constitucional
Esta justificación, sin embargo, no cuaja entre las paredes del Palacio de la Moncloa. Para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, esta interpretación “no hay por donde agarrarla”. El aspaviento radiofónico de Puente tampoco es que se haya recibido con albricias entre los miembros del Tribunal Constitucional, que al igual que el Supremo, aunque con varias marchas menos, han expuesto su “malestar” para con el exalcalde de Valladolid.
Los magistrados del Constitucional están molestos con Puente después de que este deslizara que al Corte de garantías rectificaría la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. “Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional y lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación, la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre del 2017”, indició el titular de Transportes.
No obstante, estas palabras o esta visión del futuro de la ley de amnistía la comparten el propio Puente y magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo. Según publica El Mundo, están convencidos de que el Constitucional, de mayoría progresista, impondrá la amnistía de todos los delitos del procés. Existe preocupación de que se mande un mensaje a la ciudadanía de que se hará justicia al corregir la interpretación del Alto Tribunal.
En este sentido, el Supremo, del cual depende el futuro del expresident de la Generalitat, no es el único en verbalizar cierto hartazgo hacia declaraciones de esta índole. También lo deslizó el juez Joaquín Aguirre, quien a la postre instruye la causa sobre una presunta injerencia rusa en el proceso independentista; además del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien ha elevado el caso ante el propio Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).