La Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha desestimado el recurso de casación que interpuso la Diputación de Ourense contra la sentencia del propio TSJG que confirmaba la decisión del juzgado contencioso administrativo de anular las bases reguladoras y la convocatoria del concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo en el ente provincial.
En un comunicado, desde la Central Intersindical Galega (CIG) han recordado que se trata de la cuarta resolución que les da la razón sobre la ilegalidad del concurso ordinario que desde finales de 2016 organizó y convocó ente público que dirige José Manuel Baltar para adscribir a 69 funcionarios y funcionarias en puestos de trabajo de alto nivel.
Este dictamen se trata de un auto firme contra el que no caben más recursos, por lo que la Diputación tiene un plazo de dos meses para cumplir lo dispuesto en la sentencia original, del juzgado contencioso administrativo número 2 de la ciudad de las Burgas, que ordenaba anular las bases reguladoras y la convocatoria del concurso ordinario organizado.
En el caso de que no se cumpla este plazo, han concretado, la CIG podrá solicitar la ejecución forzosa de la sentencia y que se impongan multas coercitivas a los responsables políticos que la desacaten.
El cumplimiento de la sentencia supone que la presidencia de la Diputación tiene que dictar una resolución con la anulación de las bases, así como del concurso y, en consecuencia, revocar también las 69 adjudicaciones de puestos de trabajo y de categorías realizadas a favor de los funcionarios que participaron en el; además se les tendrá que reasignar a la categoría, sueldo y puesto que tenían antes del concurso.
La resolución anulatoria afecta a 69 personas, que tendrán que volver a sus puestos de trabajo de origen y perder los beneficios que irregularmente les concedió la Diputación.
Para terminar desde la central sindical han mostrado su satisfacción por el pronunciamiento judicial, al tiempo que esperan que en el ente provincial “no nos obligue a tener que ejecutar forzosamente la sentencia, porque eso implicaría que nos encontraríamos en la obligación de presentar denuncia contra los gobernantes que no cumplan el mandato judicial”, han concluido.