La mayoría del Parlament vuelve a estar en modo desobediencia, su estado natural en los últimos tiempos, en esta ocasión para resistirse a aceptar la retirada de la credencial de diputado a Quim Torra por orden de la Junta Electoral Provincial, una vez el Tribunal Supremo rechazara suspender la inhabilitación decidida por la junta central. De nuevo, las barricadas parlamentarias para mantener viva una tensión que desde hace algunas semanas no consigue salir de los límites del parque de la Ciutadella. La calle independentista está a la expectativa después de tanto fuego de artificio. La tensión es la kriptonita de JxCat y un auténtico virus para la nueva estrategia de ERC.

Durante unas horas, el independentismo creyó estar ante la posibilidad de poder desarrollar una maniobra envolvente de proyección internacional contra el Tribunal Supremo, contando con la fuerza del Parlamento Europeo y su negativa a aceptar la inhabilitación de Oriol Junqueras. Sin embargo, la Eurocámara presentó mucha menos resistencia a la autoridad del TS de lo que se podía esperar dadas las numerosas dudas expresadas por tantos expertos sobre la inmunidad de Junqueras. Con el flanco internacional al descubierto, el presidente de la cámara catalana, el republicano Roger Torrent, siguió adelante con el desafío, a pesar de saber que a su partido no le conviene demasiado porque siempre estará al borde de la contradicción, desde el día que apoyó a Pedro Sánchez. Tal vez solo fuera una reacción emocional para ahogar la decepción por la pérdida de escaño europeo del presidente de ERC.

La inhabilitación de Torra antes de la confirmación de la sentencia del TSJC plantea dos frentes complementarios pero susceptibles de ser defendidos por separado, en opinión de los entendidos y de los mismos servicios jurídicos del Parlament. La cuestión central es la desacreditación como diputado y su derivada, la posibilidad de seguir siendo presidente sin tener escaño. Torra y Torrent se disponen a plantear la desobediencia tanto por el acta de diputado como por la presidencia, renunciando, por el momento, a entrar en el laberinto de la interpretación sobre la hipótesis de la continuidad de un presidente que ya no es diputado.

Los apoyos parlamentarios a una batalla u otra podrían ser diferentes. En el pleno de urgencia celebrado la semana pasada, previo a la presentación del recurso de suspensión ante el TS del acuerdo de inhabilitación de la JEC, ya se expresó una línea argumental proclive a defender la autoridad de la cámara en cuanto a investir y cesar presidentes, según el Estatuto vigente. Esta posición implicaría aceptar el debate sobre la posibilidad de que un presidente, que por ley tiene que ser diputado para ser investido, pueda mantenerse en el cargo habiendo perdido el acta por voluntad de la JEC, a partir de una decisión judicial no confirmada. Por muy compleja que pueda intuirse dicha argumentación, probablemente permitiría a la cámara bordear la desobediencia, al menos, hasta que Ciudadanos y PP trasladaran la cuestión al Tribunal Constitucional.

La mayoría independentista ha decidido, inicialmente y tras una cumbre en el palacio de la Generalitat, no atrincherarse en este debate jurídico sobre la presidencia y afrontar directamente la negativa a dar de baja a Torra como diputado. Esta opción, además de complicar la vida a ERC, también supondrá un problema para los Comunes y el PSC, quienes podrían embarcarse en una prolija interpretación del Estatuto para salvaguardar el papel del Parlament en el cese del presidente; por el contrario, tendrán mucho más difícil resistirse a la inhabilitación del presidente como diputado después de la luz verde otorgada por el Tribunal Supremo al polémico acuerdo de la JEC. Las críticas iniciales de los socialistas y de los comunes, alegando incompetencia de la JEC para tomar dicha medida, podrían ser revisadas para evitar las acusaciones de PP, Vox y Ciudadanos de falta de respeto a la separación de poderes.

Desobediencias, o amagos de desobediencias, al margen, en el fondo del nuevo conflicto residen las dudas de JxCat y de ERC sobre la conveniencia o no de acudir a las urnas en Cataluña de forma inmediata. La convocatoria electoral firmada por Torra evitaría al Parlament un nuevo episodio de resistencia institucional, tal vez inútil. Torra tiene el decreto para instalar las urnas encima de su mesa desde hace tiempo, sea para presionar a ERC por su apoyo a los socialistas o para alarmar a su propio partido cuando a los dirigentes de JxCat les falta el ánimo para defenderle a muerte.

Los republicanos no estarán listos para ir a elecciones hasta disponer de algún rédito de su pacto con Pedro Sánchez y asumirán el peligro de la desobediencia para su opción pragmática. Mientras, el interés de JxCat-PDeCat-La Crida por plantar cara a ERC en las urnas ha decaído en los últimos días, tras el éxito de Carles Puigdemont por acceder al acto de europarlamentario.

La nueva posición del presidente del Consell per la República le obre las puertas, por un tiempo indeterminado, a ejercer un papel internacional mucho más goloso que la repetición de una operación ya experimentada y fallida: la promesa de regresar como presidente de la Generalitat si gana las elecciones autonómicas. Las dudas de unos y otros y el dulce sabor de la kriptonita de la tensión refuerzan, transitoriamente, el papel de Torra.