El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la conocida como ley de abusos policiales, aprobada por el Parlamento Vasco.

Según explica sl sindicato mayoritario de policías, el pasado 28 de febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó su rcurso contra la citada ley "alegando en su fallo la falta de legitimación de nuestra organización para defender los intereses de los policías, a pesar de que esa Ley vasca, pretende someter a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una justicia paralela, que potencialmente permitirá declararles como torturadores, sin intervención alguna en el proceso del Poder Judicial, quebrantando así el principio de igualdad ante la Ley, y la potestad exclusiva de los jueces para enjuiciar actuaciones o conductas delictivas".

El SUP anuncia que llegará hasta el Constitucional

El SUP advierte en su nota que "cumplirá con su compromiso de defender el honor y la imagen de la Policía Nacional, y para ello, agotará cuantas instancias judiciales sean necesarias, con el fin de resarcir lo que constituye en sí mismo una humillación a la totalidad de nuestro colectivo". La organización policial añade que tiene "intención de llegar al Tribunal Constitucional de ser necesario".

El sindicato considera que la denominada ley de abusos policiales es "un elemento esencial en la construcción de un relato falso sobre ETA, con el se pretende blanquear la historia del terrorismo llevado a cabo por esta banda en nuestro país durante más de 40 años".

"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, una banda terrorista derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha defendido el sindicato.

Para el SUP, la ley aprobada por el Parlamento vasco "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".