El Gobierno de Mariano Rajoy no lucha contra la discriminación racial y muy al contrario protagoniza actuaciones que obvian la prevención de esta forma de violencia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU hizo públicas el pasado viernes sus observaciones finales sobre España tras el examen realizado en Ginebra los pasados 26 y 27 de abril. El Comité recoge en buena medida las observaciones del informe sombra remitido por la organización Rights International Spain. Desde los perfiles étnicos que utiliza la policía en sus acciones a las escuelas guetos, España suspende.

El informe de este comité que se ocupa de velar por el respeto y correcta aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, destaca las importantes lagunas existentes en España en la lucha contra la discriminación racial. En un comunicado que ha hecho público RIS, la ONG de derechos humanos reseña los principales puntos en los que el Ejecutivo del Partido Popular hace oídos sordos a la imprescindible vigilancia para evitar la discriminación de las personas por sus características raciales.

Una Ley pendiente desde 2011

El panorama que dibuja la ONU es desolador y no da motivo alguno para el orgullo y es que la llegada del PP al Gobierno parece que acabó con todas las iniciativas que en este sentido estaban en marcha. De hecho, y para empezar,  el Comité se lamenta de que todavía no se haya aprobado el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, remitido al Congreso para su tramitación por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011.  

RIS explica que el Proyecto de Ley fue ya encomiado por el Comité en su anterior examen al Estado español y habría dado respuesta a las lagunas más importantes en materia de lucha contra la discriminación, por lo que este organismo insta a que este texto legislativo “sea adoptado de manera expedita”. La ONU solicita además “la aprobación de un Segundo Plan de Derechos Humanos y, dado que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial adolece de falta de independencia y recursos, se recomienda también que se reforme teniendo en cuenta los estándares internacionales sobre la materia”.

Prácticas policiales discriminatorias

El Gobierno, según reitera Naciones Unidas,  no recoge los datos necesarios para diseñar políticas efectivas contra la discriminación racial, tales como los datos desglosados sobre la composición étnica de la población española, los incidentes racistas registrados y los casos judicializados, incluyendo las penas impuestas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, destaca la ONU.

Y por si fuera poco, El CERD muestra de nuevo su preocupación por el uso de perfiles raciales y étnicos en los controles de identidad realizados por la Policía. En este sentido, recalca que, si bien la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ordena a los agentes que respeten los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, estas prácticas persisten desde su entrada en vigor. Se insta por tanto a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva” a estas prácticas policiales discriminatorias.

Devoluciones sumarias en caliente

El Comité, como ya han hecho otros muchos organismos europeos e internacionales de protección de los derechos humanos, “expresa grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas”, y porque la "Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015) permita 'rechazos en frontera', sin que se haga un estudio previo de riesgo de retorno, e impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo”. 

“Por ello –explica RIS-  solicita que se revise la enmienda que “legalizó” estas devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla a fin de garantizar “el acceso a procedimientos de asilo a todas las personas susceptibles de protección internacional […] incluyendo una evaluación individualizada en cada caso, así como la garantía de protección frente a la devolución sin discriminación y la creación de un organismo independiente que revise y suspenda las decisiones negativas”. 

Agentes condecorados en  El Tarajal

Este Comité, como ya hicieran el año pasado el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, realiza un llamamiento para que “se investiguen de manera pronta, eficaz, completa y transparente las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en particular respecto de incidentes ocurridos durante operaciones de expulsión”, refiriéndose expresamente a los hechos ocurridos en El Tarajal. Se insta además a “que se sancione a los responsables y que se repare adecuadamente a las víctimas”. 

Para RIS se trata de una recomendación “que ya se puede dar por incumplida, dado el archivo definitivo de la investigación en el Caso El Tarajal y, por si fuera poco, la condecoración por el Ministro del Interior de los agentes que aparecieron en unas imágenes maltratando a un migrante antes de devolverlo a Marruecos después de que el caso también se archivara ante la imposibilidad de identificar y tomar declaración a la víctima”.

CIE y escuelas gueto

El Comité de Naciones Unidas  hace especial hincapié en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que se encierra a migrantes que son objeto de procedimientos de expulsión y en este punto,  el Comité pide a España que evite la aplicación de esta medida privativa de libertad y a que considere “posibles medidas alternativas”. También muestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que se cometen en el interior de los centros, instando al Estado a “que garantice que las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera independiente, rápida y completa y que los autores sean sancionados adecuadamente”.

Concluye RIS explicando que  el CERD muestra su inquietud por la existencia, en muchas comunidades autónomas, “de las escuelas “gueto”, que concentran un alto número niños migrantes y gitanos”. Se anima en este sentido al Estado a adoptar “políticas educativas efectivas que aseguren la distribución equitativa de los estudiantes, con el fin de poner fin al fenómeno de las escuelas “gueto”.