El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso Cooperación, ha procesado al exconseller Rafael Blasco y veinte personas más por las posibles irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".
Este juzgado ha concluido la instrucción y ha dictado el auto -de casi 400 folios- de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del caso Cooperación, notificado este viernes a las partes y donde deja la causa preparada para el juicio, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Entre los procesados, además del exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco -que cumple condena junto a parte de su equipo por la primera pieza del caso-, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración. Están el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán; el ex director general José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.
Jefes de un grupo criminal
Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre Blasco, Llinares y César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".
El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadoras externsa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.
En el auto, la jueza explica que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".
Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien, a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".