Las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre son desoladoras: documentación mal clasificada e insuficiente, 131 cajas de archivos desaparecidas, diez palets de documentación destruidos y absoluta opacidad acerca de dónde se fue el dinero y para qué era.
Lo que iba a ser uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre, la unificación de los juzgados de Madrid en gran campus en Valdebebas, ha terminado en una sociedad pública quebrada, un montón de altos cargos a dedo, sueldos desorbitados, ordenadores y móviles robados y pérdidas de 90 millones de euros que nadie parece saber a dónde han ido a parar. Y un único edificio construido y abandonado.
Sin control sobre el dinero
El informe señala que no había nigún mecanismo de control "económico-finaciero" en la sociedad creada para la construcción del Campus, que no se entregó documentación a la Cámara de Cuentas o que se entregaba tarde y la "ausencia de una parte importante de la documentación justificativa, que ha dificultado de manera importante las tareas fiscalizadoras".
Tambíen se extraña el del alto número de cargos directivos para una secretaria y un sólo administrativo. Del mismo modo, ponen de manifiesto las dificultades que han tenido para poder acceder a los escasos registros contables que han logrado encontrar. Los autores del informe, en las conclusiones, se extrañan de que una sociedad creada para crear patrimonio inmobiliario ni siquiera tuviera un catálogo de los inmuebles que se suponía que iban a construir. Y destacan "la notable falta de diligencia en la custodia y buena gestión del patrimonio de la entidad".
Tampoco ha aparecido la documentación acerca del personal de la Sociedad, ni siquiera un organigrama. Y hasta el banco que proporcionó al Campus de la Justicia una VISA Platino tampoco ha aportado los datos relativos al uso de dicha tarjeta.