La queja se ha registrado en el Consejo General de la Abogacía Española y está firmada por 33 letrados, entre ellos nombres como Cristina Almeida, exdirigente de IU y PSOE, o Carlos Slepoy, que sufrió la represión de la dictadura argentina y trabaja en el campo de los Derechos Humanos -colaboró con Garzón en el proceso que permitió la detención de Pinochet en Reino Unido-. De hecho, el texto está abierto a nuevas adhesiones, para lo que Almeida no ha dudado en ofrecer su correo electrónico: cristina.almeida@aba-abogadas.com

El Consejo respaldó a los querellantes
El escrito de estos letrados lamenta que el mismo día en que se celebraba en el Tribunal Supremo la última sesión del juicio contra el juez Baltasar Garzón por la intervención
de las comunicaciones a los imputados de la trama Gürtel, el Consejo General de la Abogacía emitió un comunicado en el que respaldaba a los querellantes contra el juez. Así, el CGA respaldaba la "inconstitucional" la posibilidadd de intervenir las comunicaciones abogado-cliente, y lo hacían rechazando "las imputaciones indiscriminadas" de que los abogados pudieran estar colaborando en el blanqueo de capitales.

El comportamiento "irregular" de Peláez y sus antecedentes
En la queja, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, se acusa al Consejo de "distorsionar la realidad de lo que se ha dicho" en el juicio, ya que en el mismo no se habló de "imputaciones indiscriminadas", e instan asimismo a que el CGA se abstenga de "efectuar consideración alguna sobre la irregular actuación de Ignacio Peláez" que se reunió en prisión con Francisco Correa y Pablo Crespo "sin ser su abogado y sin autorización del juez instructor ni del Colegio de Abogados". El texto también recuerda que Peláez "ya ha sido objeto de investigación porque prevaliéndose de su condición consiguió el acceso de dos personas a los calabozos de la Audiencia Nacional como falsos compañeros de su despacho".

Riesgo para el prestigio de la profesión
Además, esta treintena de abogados también lamenta el daño que el caso que podría acarrear en el prestigio del Consejo, el órgano que vela precisamente por el prestigio de la profesión, al advertir de que han tenido conocimiento "de que implicados en la Gürtel habrían hecho valer entre sus supuestos méritos para las adjudiciones de cuestionados concursos el haber trabajado para el propio Consejo General de la Abogacía en la realización de actos", por lo que creen que lo "prudente" habría sido que guardaran silencio sobre este juicio. En ese sentido, insisten en que los abogados aparecen habitualmente en los medio "vinculados a tramas de corrupción, de blanqueo de capitales o de creación de sociedades interpuestas para la comisión de delitos, que creemos no necesitan ninguna defensa de este Consejo".