El FROB explica en su querella, de la que da cuenta la SER, que el exdirectivo de la CAM, cuya función era precisamente velar porque no se produjeran irregularidades en la entidad, incumplió "de forma grosera" las "condiciones básicas establecidas" para poder recibir las ayudas de los mencionados institutos de crédito.

Autorizados por el Gobierno de Camps
Avilés obtuvo los préstamos tras la necesaria autorización del consejo de administración de la CAM y de la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno valenciano durante la era Camps, a pesar de que al menos parte del consejo de administración de la caja y otros altos cargos de esta entidad sabían que no se daban las condiciones para ello.

El destino del dinero no fue el establecido
La demanda del FROB precisa que los 4 millones obtenidos por Juan Ramón Avilés se emplearon "para financiar las actividades promotoras de sus empresas" inmobiliarias, en lugar de destinarse a la liquidez o a la adquisición de equipamiento turístico, entre otras irregularidades, "incumpliendo los fines establecidos en los programas de financiación pública".

El exdirectivo se mantuvo en el cargo hasta 2011
El FROB considera que el expresidente de la Comisión de Control de la CAM “debió ser inmediatamente cesado” de su cargo tras estas irregularidades, sin embargo continuó en el cargo hasta 2011.

Un hombre del presidente Valcárcel
Avilés fue nombrado presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2007 a propuesta del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Es empresario del sector inmobiliario, promotor de campos de golf y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia.

La querella recuerda que, además, Avilés concedió a sus propias empresas créditos en condiciones ventajosas por más de 17 millones de euros, provenientes de los fondos propios de la caja. El expresidente de la Comisión de Control de la CAM también habría cobrado "de forma irregular" dietas por más de 300.000 euros en cinco años, "vulnerando la normativa interna de la CAM y sin la autorización de los órganos competentes".