La improvisación reina en la política catalana con la misma fuerza que en la política española. En estos momentos, sobre la mesa hay una propuesta de moción de censura por parte del PP, un gobierno de concentración ofrecido por ERC, una oferta de negociación al estado del ex presidente Puigdemont, un misterioso anuncio del actual presidente Quim Torra sobre como desatar las fuerzas de la desobediencia contra una sentencia condenatoria, una exigencia de Ada Colau a Torra para conocer el alcance de sus propósitos antes de apoyarlos y un clamor por el adelanto electoral del que el presidente de la Generalitat no quiere ni oír hablar.
Ninguna de las propuestas que no sea las elecciones cuenta con otro apoyo que el de quien las formula y casi todas son efímeras. Así pues las incógnitas sobre lo que pueda suceder en este otoño-invierno en Cataluña permanecen totalmente vivas. La improvisación es total y algunas de las ideas solamente aguantan el tiempo que dura la rueda de prensa o la conferencias en la que son anunciadas. La crisis interna del gobierno Torra que nadie discute, la previsión de no poder aprobarse unos presupuestos por tercer ejercicio consecutivo, la modulación de una respuesta política y social a la sentencia de acusados por el Procés y la conciencia del independentismo de haber perdido la iniciativa política en los dos últimos años explican este alud de proposiciones.
Algunas, ni siquiera obtienen respuesta, como es el caso de la iniciativa de Carles Puigdemont, quien en su condición de presidente del Consell de la República, invitó al estado a participar de una plataforma de negociación en la que después de hablar de todo se acabe por debatir sobre el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Ni el gobierno central, ni sus socios habituales han prestado la menor atención a la reformulación de una vieja opción rechazada frontalmente por Pedro Sánchez una y otra vez. Puigdemont justificó su apuesta como una manera de retomar impulso político en el campo del diálogo sin abandonar su dedicación al advenimiento de la independencia.
Algo más de suerte ha tenido la propuesta de ERC de crear un gobierno de concentración (solo para soberanistas) para aguantar el impacto de la sentencia y si puede ser, de paso, aprobar los presupuestos de la Generalitat. Suerte en cuanto a ser valorada, porque la respuesta de todos los llamados a concentrarse ha sido la misma. JxCat, la CUP y los Comunes han dicho que no. Sin embargo, el partido de Oriol Junqueras, que este fin de semana ha visto ampliamente validada su estrategia y su propuesta de dirección por las bases, insiste en la fórmula.
Tampoco ha obtenido ninguna respuesta positiva la iniciativa del PP de presentar una moción de censura contra el gobierno Torra. La aritmética no acompaña a la moción y además el frente constitucionalista no existe en Cataluña. El PSC no está dispuesto a comparecer como socio de Ciudadanos y PP, excepto en contadas ocasiones que siempre han tenido un alto coste para los socialistas catalanes. Ciudadanos, como partido más votado en la últimas elecciones al Parlament, ya dejó pasar su oportunidad de convertir una investidura en una operación de presentación de su alternativa política, alegando la improbabilidad de sacarla adelante.
Ada Colau también se ha dado cuenta del peligro que implica para los Comunes aparecer como aliados de ERC y JxCat. Diversos portavoces del partido de la alcaldesa han admitido que cada vez que coinciden con los partidos independentistas se sienten utilizados por los mismos. La última vez, durante la Diada, cuando Colau apoyó la petición de absolución para los dirigentes juzgados en el Supremo en un acto organizado por Òmnium. De ahí a ser incorporados al frente de la desobediencia que prepara Torra para desatar el famoso e intrigante tsunami democrático solo hay un paso. Tal vez por eso, la propia alcaldesa ha dejado claro que la respuesta a la sentencia deberá ser dialogada, transversal y que represente a todo el catalanismo político, extremo este último de difícil cumplimiento por parte de Torra que no quiere saber nada del PSC al que no se le puede expulsar del ámbito del catalanismo político, tan alegremente.
Los Comunes se han negado al mismo tiempo a participar en el gobierno de concentración avalado por ERC, a pesar de una primera reacción positiva de Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso. El partido de Colau está instalado en la exigencia de nuevas elecciones autonómicas, como el PSC, Ciudadanos, PP, CUP y la propia ERC en cuanto falle su concentración soberanista. Solamente JxCat y Torra (de quien depende la convocatoria) se resisten a esta opción. Su temor a las urnas ha sido criticado abiertamente por los republicanos, quienes les han recordado que el independentismo es el paladín de votar y que no es de recibo cambiar de opinión ahora por simples intereses electorales.