La autopista del Garraf –la más cara de España-, Túneles de Vallvidriera, Túnel del Cadí, Maresme –traspasada- y Manresa son propiedad de la Generalitat en régimen de concesión a diferentes empresas, no sólo a Abertis. En Cataluña, solamente la AP7 y la AP2 son de titularidad del estado.

Por eso, sorprende la actitud del Gobierno catalán que de forma indirecta alienta la protesta a pesar que la mayoría de los peajes son de su titularidad. El ejecutivo de Mas sabe que los peajes son impopulares en Cataluña. Los ciudadanos catalanes se consideran discriminados con los del resto de España porque en Cataluña se pagan peajes por vías que no tienen alternativas rápidas y seguras. No hay otro camino que pasar bajo la barrera. Por eso, la plataforma “novullpagar” cogió ímpetu después del resbalón de la ministra Pastor cuando apuntó que para salvar las autopistas de peaje de Madrid, las conocidas y vacías radiales, se podría alargar la concesión de las empresas en otras partes del estado. A nadie se le escapó que la ministra pensó en Cataluña y se desató la guerra de los peajes.

Ante la situación, el Gobierno catalán se puso de perfil afirmando comprender la protesta. Si la comprende por qué no anula los peajes que son de su competencia, esa es la pregunta. Incluso, el president Pujol bajo cuyo mandato se hicieron estas autopistas de peaje dijo comprender la posición de los insumisos de los peajes. Sin embargo, Pujol no recuerda –la memoria siempre es frágil- que en algunas de estas obras las concesionarias fueron beneficiadas de forma descarada por los gobiernos que el presidia, como es el caso de Ferrovial en la concesión de la autopista Terrassa-Manresa. Autopista, que por cierto, es la que tiene el trazado más peligroso de Europa.

En pleno debate, Esperanza Aguirre anuncia nuevos peajes y el gobierno estudia implantar el pago por uso como recomienda la Unión Europea. Las concesionarias defienden este planteamiento asegurando que es el que da garantía que los ciudadanos que usen las vías rápidas sean los que paguen por el servicio, se asegura el buen mantenimiento de las infraestructuras y las inversiones que conllevan las posibles nuevas vías que habrá que afrontar a pesar de la crisis y, de paso, se elimina el sentimiento de discriminación de los catalanes.

*Toni Bolaño es periodista y analista político