La Asamblea de Venezuela quiere saber si Podemos se financió con dinero del Gobierno de Hugo Chávez, y ya ha abierto oficialmente una investigación, según informa el diario EL PAÍS. Algo que la formación que encabeza Pablo Iglesias siempre ha negado.

Según este diario la Asamblea ha pedido la colaboración de propio Iglesias, de Juan Carlos Monedero y de Jorge Vestrynge entre otros

Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, quiere saber si los 7,16 millones de euros que presuntamente recibió el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) entre 2003 y 2011, vinculado a los tres españoles, sirvieron luego para impulsar al partido, que nació en 2014.

En conversación con El País Guevara reconoce que, para iniciar la investigación, se ha basado en recortes de prensa española (Abc y Ok Diario): “Contando con esos elementos, abrimos formalmente esta investigación, como institución, y procedemos formalmente a solicitar los documentos oficiales a las autoridades venezolanas, a las españolas, y por supuesto a la gente de Podemos, que deberían ser los principales interesados en aclarar si en efecto ese dinero fue utilizado para financiamiento político, o no”

Guevara invita a los dirigentes de Podemos a que acudan a Caracas para dar su versión. En Venezuela hay un dicho: el que no la debe, no la teme”, dice Guevara en conversación telefónica con EL PAÍS. “No debería haber problema en que colaboraran”, sigue. “Nos hemos comunicado con actores del Gobierno venezolano que en ese momento estuvieron involucrados, e hicimos un análisis sobre si el tipo de tareas que se pidieron a esa fundación se corresponden con la cantidad de dinero, y salió que no, que es un monto exorbitante” asegura.

El Gobierno venezolano contrató a CEPS para que desarrollara labores de asesoría, formación y apoyo técnico en distintas instituciones gubernamentales, según los documentos de la Asamblea. Los integrantes de esta fundación siempre han defendido que trabajaron para Venezuela como lo habrían hecho para cualquier otro país que hubiera requerido sus servicios. Sin embargo, los representantes de la Asamblea, donde domina la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, creen que se les pagó con “un monto desmesurado sobre los fondos de la nación”, que, además, “contribuiría a la extrema crisis desencadenada en materia social, económica y de salud” en Venezuela.

Más de 7 millones al CEPS

Según la documentación a la que ha tenido acceso El País junto al oficio, se remite una copia del escrito en el que se señala a los funcionarios y particulares considerados de interés para los investigadores: Rafael Isea (ministro de Finanzas del momento), Iglesias, Monedero, Verstrynge, Íñigo Errejón y Luis Alegre. También se concreta el patrimonio público que podría verse afectado (7.168.090 euros), “así como una serie de elementos probatorios que respaldan el inicio de este procedimiento”. El caso se basa en el pago realizado por concepto de “asesorías, apoyo técnico y programas de formación impartidos al Gobierno y sus ministerios”, por la cantidad de 7.168.090 euros a CEPS”

“El caso se basa en el pago realizado por concepto de “asesorías, apoyo técnico y programas de formación impartidos al Gobierno y sus ministerios”, por la cantidad de 7.168.090 euros a CEPS.

El diario apunta que, en otro de los documentos, se concluye: “En Venezuela no es antijurídico contratar con asesores políticos, pero las sumas contratadas llaman potencialmente (sic) la atención y más cuando se ve el tipo de servicio por el cual se está realizado el pago, aunado a que al demostrar el vínculo entre la fundación CEPS y el partido político de Podemos la contratación si sería ilegal frente al Estado español”, subraya el informe de la Comisión Permanente de Contraloría.