Tras las reveladoras y llamativas declaraciones que dejó en la Audiencia Nacional el que fuera secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, sobre la financiación ilegal del partido regional; Izquierda Unida ha solicitado al juez que sean incluidas en otra causa: en la que investiga la caja B del PP a nivel Nacional.
Pero también quiere que se tengan en cuenta las palabras dichas en sede judicial por los tres cabecillas de la trama Gürtel: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Considera que con ellas se podría esclarecer gran parte de la investigación que trata de averiguar si en el Partido Popular a nivel nacional existía una caja B; es decir, si el partido de Mariano Rajoy se ha financiado irregularmente.
Según publica Loreto Ochando en Valencia Plaza, IU cree que estas declaraciones son de vital importancia para demostrar que el PP se financió de forma irregular gracias a aportaciones de empresarios.
Hay que recordar que durante el juicio de la Gürtel valenciana, uno por uno, los cabecillas de la trama fueron relatando como este sistema de financiación era una realidad en el PP de Valencia. Incluso apuntaron a que era Francisco Camps el que movía todos los hilos para que esto fuera así. Luego llegó Costa y ratifico, casi palabra por palabra, lo dicho anteriormente.
“Génova 13, era un centro de conspiración ”
Los letrados de IU explican en un escrito que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa han vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente, así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. “Además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”, sentencian.
Pero el letrado de Izquierda Unida ha sido aún más duro al afirmar que “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”.
Y señala a los culpables: “Lapuerta y Bárcenas se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.