La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó de una maniobra dudosa para evitar un embargo de acreedores sobre una vivienda de sus padres. Ayuso aceptó la donación de un piso cuyo valor catastral es de 140.547 euros (el valor de mercado es mayor), impidiendo así que la empresa semipública Avalmadrid pudiera ejercer sus derechos como acreedores ante el impago de sus padres. En consecuencia, Ayuso podría haber participado de un delito de alzamiento de bienes como cooperadora necesaria, según Infolibre.
Empecemos por el principio. Tal y como publicó El Confidencial, una de las empresas de los padres de Ayuso pidió un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, la compañía semipública en la que el Gobierno regional aportaba en torno a un 30% del capital a fin y efecto de facilitar financiación a pymes.
El préstamo fue solicitado concretamente por la compañía MC Infortécnica SL, de la cual el padre de la candidata popular es propietario al 50%. La cuantía ascendió a los 400.000 euros y se formalizó ante notario el 15 de marzo de 2011.
Una de las garantías que presentó fue una nave en Ávila cuyo valor asciende a 213.596 euros. La compañía debía devolver 100.000 euros a Avalmadrid y otros 3.000 de intereses. No lo hizo.
Los avalistas responden con sus bienes ante las deudas. Ante esto, el padre cedió el inmueble situado en Chamberí (Madrid) a Ayuso el 7 de octubre de 2015 para que, de esta manera, escapara a los acreedores. Avalmadrid no recuperó su dinero y no pudo ejecutar el embargo sobre el inmueble en cuestión puesto que fue cedido. Eso sí, la empresa semipública se adjudicó la nave del padre.
Según el artículo 257 del Código Penal, se produce un delito de alzamiento de bienes cuando se disminuye el patrimonio deliberadamente para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda.
El autor del delito es quien enajena el bien, en este caso, el padre; pero si quien recibe la cesión es consciente de que la maniobra tiene por objeto evitar el embargo, se convierte en cooperadora necesaria y participa de dicho delito. El alzamiento de bienes está castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel.
Según publica Infolibre, Ayuso se ha negado a responder a dichas informaciones y su equipo se ha limitado a decir que “no va a hacer ninguna valoración ni comentario sobre este asunto. Su padre está fallecido y ella no ha tenido ni tiene absolutamente ninguna vinculación con esta empresa”.