La entrada masiva de inmigrantes procedentes del norte de África vivida hace unos días en Ceuta continúa siendo protagonista no solo en la política española, sino también en la internacional. Más de 70.000 personas trataron de llegar a España de forma irregular, accediendo a nado a la ciudad autónoma en uno de los episodios más complejos que se recuerdan en el ámbito migratorio. La situación dibujó un panorama especialmente difícil en esta localidad, que vio cómo su población se veía duplicada en escasas horas. 

Las calles de Ceuta se llenaron de decenas de miles de personas que pasaron varias jornadas en España durmiendo a la intemperie y con serias dificultades para acceder tanto a agua como a comida. Según ha informado el Gobierno, a lo largo de estos días se ha ido gestionando la situación y la mayoría de las personas que cruzaron a nado ya han regresado a Marruecos. No obstante, queda un asunto especialmente delicado por resolver, no siendo otro que el de abordar la situación de numerosos menores que se encuentran solos en Ceuta y que todavía desconocen el devenir de su futuro. 

Este suceso ha despertado un nuevo debate, especialmente intenso, en relación a la manera en la que el Ejecutivo español gestiona sus fronteras y, más concretamente, los flujos de inmigración irregular. Desde el Partido Popular y Vox se han emitido críticas muy duras al Gobierno de España, exigiendo respuestas y pidiendo mayor control en esta materia.

No obstante, en esta ocasión las críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez no llegaban solo desde el territorio español, sino que llegaban también reproches desde el territorio europeo. Especialmente severos eran en Italia, donde el Gobierno de Giorgia Meloni anunciaba su decisión de bloquear temporalmente el acuerdo del Espacio Schengen con España y pasar, de esta manera, a realizar controles fronterizos a los viajeros que lleguen desde la Península Ibérica. La decisión adquiría rápidamente protagonismo mediático, tanto por el debate de si era viable o no ponerla en marcha, como por la magnitud de la decisión. 

Vox y Ayuso se suman a Meloni, aunque critican a Sánchez cuando las replica

Coincidiendo con este escenario, en este inicio de semana, desde la formación de Abascal han expresado su apoyo a las medidas impulsadas por Italia, alabando la decisión de Meloni de imponer controles fronterizos a los viajeros llegados desde España. Ahora bien, cargan duramente contra Pedro Sánchez por haber decidido este replicar las acciones italianas, 

Desde Vox, aseguran que "la decisión de Sánchez es para protegerse a sí mismo y provocar un conflicto internacional", mientras justifican que lo que busca Meloni es “proteger la frontera italiana ante la entrada de inmigrantes ilegales". Así, Jorge Buxadé ha subrayado que el jefe del Ejecutivo persigue una estrategia que busca provocar un "aislamiento" para mantenerse protegido "frente a los españoles". 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha tomado también una posición similar a los de Vox, que, lejos de atender también al origen de esta llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, centran sus críticas de manera exclusiva en el Gobierno de España. “El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras. Y porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea”, ha señalado este lunes la presidenta madrileña en sus redes sociales.

La líder del Ejecutivo madrileño no ha reprochado la decisión de Meloni de imponer controles fronterizos a los viajeros que llegan a Italia desde España; sin embargo, sí que ha lamentado “el trato que se le está dando a los italianos” al replicar el Gobierno español estas medidas. 

Italia y Dinamarca unen fuerzas contra España

En estos días, Giorgia Meloni se mostraba muy crítica con las políticas migratorias españolas y a ella se sumaba, también, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ambas de unían en las últimas horas para emitir un comunicado conjunto, en el que se han posicionado en contra de la "inmigración descontrolada". Según han asegurado, “nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública”.

Meloni y Frederiksen han asegurado en este comunicado que su deber es “brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades” y piden que se establezcan “centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa”, un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania y ahora se piensa en algunos países africanos. “Ambas estamos orgullosos del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", apuntan también

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