Suiza ha rechazado este domingo, por mediación de un referéndum, fijar un tope poblacional de 10 millones de personas desde el presente hasta 2050, según las primeras proyecciones publicadas por medios suizos sobre la votación. El escrutinio todavía continúa, pero los resultados que arroja la prensa dejan intuir que la propuesta de la derecha populista, que buscaba hacer del país helvético el primero en establecer un tope de población en su Constitución, no ha caído en gracia a la población.
La iniciativa surgió del equivalente al PP suizo, (SVP/UDC en sus siglas en alemán y francés), que ha adoptado un fuerte viraje contra la inmigración y ha decidido tomarle el termómetro a la población sobre lo que piensa al respecto de este asunto. Suiza es un país que ha experimentado un crecimiento poblacional significativo en las últimas dos décadas, al pasar de 7,5 millones de personas a 9,1 millones, en gran medida por la inmigración de ciudadanos de otros países europeos que ingresan al país helvético, que tiene acceso al mercado único y disfruta de acuerdos de libre circulación de personas pese a no formar parte de la Unión Europea. Desde 2002, han entrado en Suiza aproximadamente un millón de personas, y actualmente, la población extranjera supone el 27,6% de su total. De ellos, el 67% son comunitarios.
A las 12:30, hora local, se conocían los datos de 12 de los 26 cantones, que mostraban a los reacios al tope por delante con un 53,7% de los votos, según datos de la corporación estatal suiza de comunicaciones. Estos resultados preliminares provienen de una mezcla de cantones urbanos y rurales (incluyendo Zúrich, Lucerna y San Galo). Así, el recuento inicial, que va creciendo, apunta a un rechazo de la iniciativa por un estrecho margen, aunque los resultados finales no estarán disponibles hasta la noche.
Proliferación de mensajes antiinmigración
Esta consulta popular ha supuesto el culmen de meses de escalada en campaña, después de que el SVP y grupos antiinmigración hayan puesto el grito en el cielo por el crecimiento de la población y lo que arguyen que son sus consecuencias: sobrepoblación, precios de los alquileres elevados, trenes saturados y presión sobre los recursos en un país alpino muy pequeño. En un mensaje marcado por el cierre de fronteras y el coto a la migración, maquillan el fondo poniendo en el centro la sostenibilidad y la calidad de vida.
En contra se encuentran los partidos de izquierda y buena parte del tejido empresarial del país, que argumentan que los inmigrantes "cualificados" son la base de la modernización económica del país y reivindican su necesidad en el mercado de trabajo. Defienden que, en caso de limitarse su acceso, podría tener importantes perjuicios para la economía nacional.
Además del límite máximo de población, que la propuesta fija en 10 millones, establece un primer umbral de alerta en los 9,5 millones. A partir de ahí, el Gobierno estaría obligado a tomar medidas concretas para frenar el crecimiento poblacional, al considerar que ese volumen ya supondría un riesgo serio para la economía y la cohesión social del país. Sin embargo, lo que ha hecho saltar más alarmas ha sido la dureza de las medidas contempladas en caso de que los primeros intentos no den resultado. Si dos años después de superar los 10 millones la tendencia no se ha revertido, Suiza tendría que denunciar el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la Unión Europea que podría tener consecuencias, según algunos expertos, como un proceso similar al Brexit que golpearía tanto al país helvético como al Viejo Continente.
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