Estados Unidos se ha convertido en una tiranía en la que una persona migrante puede ser secuestrada o ajusticiada en mitad de la calle por el mero hecho de su procedencia. El presidente Donald Trump ha impuesto en el país un régimen del terror y sus fuerzas de represión recorren las calles de los diferentes Estados persiguiendo a personas por su apariencia, realizando detenciones ilegales y disparando a matar. Prácticas dictatoriales defendidas por una Casa Blanca con cada vez más frentes abiertos y una fuga de funcionarios que no quieren ser partícipes de estos crímenes.
Seis fiscales de Minesota han sido los últimos en abandonar sus puestos de trabajo después de sufrir presiones del Departamento de Justicia para que no investiguen el asesinato de Renee Nicole Good, asesinada a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y, en vez de eso, se dediquen a perseguir a su viuda y su supuesto activismo. El crimen tuvo lugar en Mineápolis la pasada semana y desde el Gobierno central quieren evitar que pueda juzgarse la actuación negligente, como evidencian todas las pruebas de vídeo, del asesino con placa y órdenes de la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia se niega a investigar lo sucedido, pero tampoco deja que otras instituciones judiciales desempeñen este trabajo, pretendiendo utilizarlas en sus movimientos ilegales de perscución. Un paso más en la política de persecución desplegada por Trump contra aquellos que se atreven a protestar contra sus prácticas dictatoriales, que se extiende a todos los sectores (Reserva Federal, países extranjeros, organismos judiciales, medios de comunicación, etc.).
Los juristas han motivado su renuncia por la decisión de Justicia de no investigar el tiroteo que acabó con la vida de Good, acusada por la Administración Trump de cometer un "acto de terrorismo doméstico". Justificación de un asesinato de Estado, defendido por el Gobierno central, sin motivación, juicio ni investigación posterior y que es totalmente equiparable con los producidos en los regímenes antidemocráticos que Estados Unidos asegura falsamente atacar para defender la libertad.
Dimisiones de reputados fiscales
Entre las dimisiones reveladas por The New York Times destaca la del segundo al mando de la Fiscalía federal, Joseph Thompson, quien supervisaba una amplia investigación de fraude que ha sacudido el panorama político de Minnesota. Thompson, según el periódico estadounidense y una radio local de Minnesota, se oponía tanto a la reticencia del Departamento de Justicia a investigar el asesinato de Renee Nicole a manos del ICE como a su decisión de excluir a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota de la investigación sobre el tiroteo.
El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha lamentado la pérdida de su figura en las investigaciones y ha puesto en duda los motivos detrás de la campaña de la Administración de Donald Trump contra el fraude en el septentrional estado. "Cuando se pierde al líder responsable de presentar los casos de fraude, se demuestra que no se trata realmente de procesar el fraude", ha apuntado. Además, entre las renuncias también se encontrarían las de los veteranos fiscales adjuntos Melinda Williams, supervisora de la división penal de la Fiscalía; Harry Jacobs y Thomas Calhoun-Lopez.
Por su parte, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha descrito al fiscal Thompson como "un servidor público con principios que dedicó más de una década a lograr justicia para los habitantes de Minnesota". Además, ha aludido a la deriva trumpista que está convirtiendo el país en un régimen del terror. "Es la última señal de que Trump está expulsando a profesionales de carrera no partidistas del Departamento de Justicia, reemplazándolos con sus aduladores", ha denunciado. Simultáneamente, Trump le acusa de permitir que su Estado sea invadido por “estafadores somalís”.