El PP Europeo se salta los cauces habituales y maniobra para que empresas de EEUU vigilen los chats de europeos

El Parlamento Europeo ya había votado, el pasado 26 de marzo, claramente en contra de que empresas privadas, la mayoría de ellas estadounidenses, puedan escanear y controlar las conversaciones de los ciudadanos europeos para detectar casos de posible abuso infantil. El principal punto de fricción es que esta invasión de la intimidad y la vulneración de la privacidad de las comunicaciones se produciría sin mandado judicial y sin necesidad de que exista ningún indicio o prueba que pudieran llevar a un juez o las autoridades policiales a estudiar esta intervención.

Por el contrario, la actuación la realizarían las empresas propietarias de las aplicaciones o programas de oficio. La principal discusión, pues el conjunto de la Cámara coincide en la necesidad de tomar medidas para seguir combatiendo el abuso infantil, es si esta medida de vigilancia masiva, depositada en manos privadas, podría suponer un fin del cifrado y una vía no aceptable por la vulneración de otros derechos.

La conocida como ‘ley chat control 1.0.’ da la capacidad a las plataformas de supervisar sin autorización los mensajes y correos sin cifrar de los usuarios, aspecto que afectaría a aplicaciones como Gmail y las derivadas de Meta, aunque deja fuera a aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal, cuyo reglamento, ‘chat control 2.0’, también se está debatiendo en Europa, aunque sin previsión de acuerdo.

En el caso de la primera norma, que se enfrentó a su votación de prórroga a comienzos de marzo, el Parlamento aprobó que siguiese vigente si se establecía que para el control se requiriese autorización judicial y se dejasen fuera las comunicaciones cifradas. El Consejo de la Unión Europea no aceptó estas condiciones y, el 26 de marzo, el Parlamento terminó votando en contra, 311 frente a 228, de prorrogar la medida, decayendo el 3 de abril.

El Consejo no aceptó la decisión del Parlamento y devolvió su propuesta, forzando una segunda lectura que obliga a que los votos en contra alcancen la mayoría absoluta para bloquear la ley, mientras que los votos favorables tan solo necesitan una mayoría cualificada. Esta segunda lectura se producirá, además, en un pleno que se celebrará en pleno verano.

Todo comenzó después de que el Partido Popular Europeo (PPE) solicitó a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, adjunta al PPE, que recuperara el expediente. La máxima autoridad del Parlamento instó a los Estados a que asumiesen una postura favorable a la ley y estos respondieron alineándose con un texto sin cambios y ya rechazado por la soberanía.

El PPE ha instado a uno de sus miembros más potentes, Metsola, a negociar directamente con los Estados, al recibir la negativa del Parlamento. Esto ha forzado una segunda lectura más favorable para la ley, situación que constituye una situación pocas veces vista y que enfrenta a la presidenta del Parlamento contra su propia cámara. Una maniobra cuestionable que reduce los requisitos y encima elige unas fechas con menos participación.