A los actos de genocidio perpetrados en territorio palestino por Israel, que ya dejan, desde el 7 de octubre de 2023, más de 75.000 muertos, 175.000 heridos y casi 2 millones de desplazados, hay que sumar otras políticas con consecuencias nefastas para la población. El endurecimiento de las restricciones que Israel impuso sobre Cisjordania tras la citada fecha, que incluye limitaciones al movimiento de la población y al acceso de la Autoridad Palestina a fondos para financiar programas de diferentes índoles, está dañando el sustento de la población y supone un creciente riesgo de inestabilidad, según ha alertado la organización International Crisis Group. El think-tank ha señalado que la economía palestina en Cisjordania es, desde 1967 (momento en el que se desata la Guerra de los Seis Días, en la que Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, hasta entonces bajo control de Jordania, dando inicio a su ocupación de estos territorios), cada vez más dependiente de la de Israel, una situación que ha "empeorado" por las restricciones impuestas desde la citada fecha de hace ya casi tres años.
Así, ha explicado que durante este periodo, en el que "los ojos del mundo han estado atentos primero a Gaza y ahora a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán", las autoridades sionistas "han endurecido las restricciones al acceso de los palestinos de Cisjordania a los fondos y a su libertad de movimiento, invocando un exagerado argumento de seguridad". El organismo ha destacado que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, desde entonces "prácticamente ha cortado las principales fuentes de ingresos de la Autoridad Palestina", lo que ha provocado que "la economía de Cisjordania, altamente dependiente de Israel, se ha contraído hasta el punto de que ya no puede mantener los servicios públicos básicos".
"Las instituciones financieras palestinas están al borde de la insolvencia debido a la retención de ingresos, las restricciones a las conexiones bancarias y la pérdida de empleos de los trabajadores palestinos en Israel", ha detallado, antes de sostener que Israel debería permitir que los palestinos vuelvan a sus empleos y trasladar ingresos adeudados a la Autoridad Palestina para evitar "un colapso económico". En este sentido, ha adelantado que "será necesaria acción internacional para obligar a Israel a dar estos y otros pasos" para que la recuperación de la economía palestina eche a andar, después de haberse visto incapacitada para ser "autónoma" y "funcional" desde hace casi seis décadas por los controles israelíes a nivel de "fronteras, comercio y recursos", incluso pese a las limitadas expectativas de mejora tras los Acuerdos de Oslo, ahora vaciados de contenido.
International Crisis Group ha remarcado que la economía palestina ha sido cada vez más dependiente de la de Israel, "la potencia ocupante, económicamente más robusta", algo que se refleja entre otras cosas en el uso del shekel como moneda, una divisa "sobre la que la Autoridad Palestina no tiene influencia en política monetaria y cuyo valor refleja las condiciones económicas israelíes, más que las palestinas". Además, otra faceta son los bancos israelíes, "único canal que conecta el sistema financiero palestino con los mercados internacionales", y el comercio a través de puertos, controlados por Israel. Asimismo, Israel "partió Cisjordania a través de puestos de control y otros medios en enclaves casi separados, creando microeconomía que tienen problemas para hacer negocios entre ellas, por no hablar de con el mundo", algo que "complica el papel de la Autoridad Palestina como gestor económico".
El endurecimiento del control y sus consecuencias
La organización internacional ha expuesto que el Gobierno israelí, que asumió el cargo en diciembre de 2022, encabezado por el Likud de Benjamin Netanyahu y apoyado por ultraderechistas y ultraortodoxos, ha reforzado este "estrangulamiento", algo en lo que Smotrich ha jugado un papel al frente de la cartera de Economía y como ministro delegado en el Ministerio de Defensa a cargo de Cisjordania. "Smotrich no mantuvo en secreto su deseo de que Israel anexione el territorio, adoptando acciones que impusieron una forma de soberanía 'de facto' sobre crecientes partes de territorio", ha argüido, al tiempo que ha explicado que los ataques del 7 de octubre de 2023 le dieron alas para continuar estas políticas de presión. "Israel intensificó las medidas que ya venía implementando, a menudo dándoles un claro carácter punitivo", ha relatado, incluyendo la "severa restricción" de la circulación de palestinos con más puestos de control y "barreras adicionales" y la prohibición de que cerca de 200.000 palestinos empleados en Israel y los asentamientos en Cisjordania pudieran ir a sus puestos de trabajo.
"Primero redujo y luego suspendió la transferencia de los ingresos por aranceles aduaneros que recauda en sus fronteras en nombre de la Autoridad Palestina, los cuales representan aproximadamente dos tercios de los ingresos totales de la Autoridad Palestina", ha recordado, al tiempo que ha agregado que Israel "mantuvo desestabilizado el sistema financiero palestino amenazando repetidamente con cortar la conexión entre los bancos israelíes y palestinos". Por todo ello, ha reiterado que el impacto acumulado ha tenido "un impacto ruinoso" sobre la Autoridad Palestina y la población palestina de Cisjordania, con una "alarmante combinación" de una contracción de más del 20% del PIB, un desempleo por encima del 30% y un "drástico aumento" de las tasas de pobreza, algo que "provocaría llamamientos a cumbres de emergencia y ayuda humanitaria en cualquier otro lugar".
En este sentido, ha puntualizado que los palestinos de Cisjordania consideran que estas políticas buscan "expulsarlos" y ha planteado la relevancia del papel que pueda jugar Estados Unidos en la situación, especialmente ante las expectativas de aplicación de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro de Gaza.
Necesidad de "presión externa"
Por todo ello, la organización ha recalcado que Washington "ha insistido hasta ahora en que los bancos israelíes mantengan una relación con sus homólogos palestinos" y ha argüido que "esto parece ser lo único que evita a Smotrich cumplir con su amenaza" de romper estos lazos, antes de agregar que el hecho de que algunas de estas políticas pueden dañar también la economía de Israel "parece estar actuando como freno".
Sin embargo, ha subrayado que la "presión externa será requerida con casi total seguridad" para persuadir a Israel a cambiar de rumbo, algo que pasaría por la retirada de las restricciones de movimiento que no sean "absolutamente necesarias para su seguridad", así como por el retorno de los palestinos a sus puestos de trabajo y la entrega de los impuestos recaudados en nombre de la Autoridad Palestina. "También es fundamental que Israel cese la demolición de viviendas y otros edificios palestinos; deje de arrancar olivos; y permita a los palestinos acceder a sus tierras, en particular a las que se utilizan para la agricultura", ha dicho, antes de alertar de que la retirada de estas políticas devolvería a Cisjordania a la situación previa al 7-O, lo que sin embargo no permitiría "el desarrollo económico adecuado del territorio".
"A largo plazo, serían necesarias medidas para reducir la dependencia estructural de la economía palestina de Israel", ha recomendado, algo que se presenta "difícil" sin "soberanía sobre las fronteras y la infraestructura comercial". Además, ha reseñado que la Autoridad Palestina debería aplicar reformas, incluido aumentar la transparencia en sus gastos presupuestarios y cooperar "totalmente" con revisiones financieras externas, además de "mejorar su gobernanza". "Una vez más, la ayuda de actores externos comprometidos con una solución pacífica al conflicto israelí-palestino será fundamental para ello", han sentenciado desde el organismo, que ha insistido en que "la sombría alternativa solo puede ser más violencia, mientras la gobernanza y la economía palestinas continúan su declive hacia el colapso total".
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