Donald Trump, antes de hacer temblar todo el panorama internacional con la política de exterior que decidió implementar este año, se postulaba a sí mismo como uno de los más importantes agentes de la paz mundial. No solo en los discursos que pronunció en la campaña electoral, sino también durante los primeros compases de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, el político republicano aseguraba que acabaría con distintos conflictos bélicos que estaban teniendo lugar en diferentes puntos del planeta y que recuperaría tanto el equilibrio como la calma entre los distintos países. Tal es así, que llegó a subrayar que por ello merecería ser distinguido con un Premio Nobel, estando en el recuerdo cuánto empeño puso a esa candidatura antes de que le fuera concedida esta distinción a María Corina Machado.

Sin embargo, en este 2026 algo pareció cambiar en la manera en la que Trump concebía dónde y cómo debía de dirigir sus esfuerzos en la política exterior. Así, en lugar de acabar con guerras , propiciar un escenario internacional estable o velar por que entre las naciones se de un diálogo que permita resolver las diferencias; Trump optó, entre otras actuaciones, por intervenir unilateralmente en Venezuela, realizar amenazas públicas a países como Cuba o Groenlandia e iniciar una guerra en Irán que está haciendo tambalearse a la economía mundial.

Uno de los últimos titulares que Trump dejó como presunto agente conciliador de los conflictos internacionales fue la creación de la Junta de la Paz. Aquella institución que impulsaba el norteamericano y a la que se adherían un total de 28 países nacía con la intención de reconstruir Gaza tras los daños sufridos en la Franja fruto de la guerra. A priori, esta podía ser concebida como una iniciativa bastante positiva y que podría resultar beneficiosa para los palestinos que venían agonizando fruto del conflicto bélico y los ataques desmesurados lanzados por Israel a la población civil.

No obstante, este proyecto rápidamente comenzó a despertar controversia y a no ser entendido como una verdadera búsqueda de la paz, sino como la búsqueda del beneficio empresarial. Trump, lejos de tratar de convencer a su muy cercano socio Benjamin Netanyahu para poner fin a lo que se concibe como un genocidio por parte de Israel, decidió impulsar un proyecto a partir del cual se planteaba que la reconstrucción de Gaza derivara en la creación de un mega resort de lujo en esta zona. Es decir, antes de velar por el bienestar de la población, apostar por las oportunidades de las cuales pudiera obtenerse un lucro económico. 

Sin embargo, la realidad de esta Junta de la Paz dista mucho de aquella grandilocuencia con la que Trump presentó el proyecto en enero de este año. Cuatro meses después de su creación, la organización apenas dispone de fondos para poner en marcha la prometida reconstrucción de Gaza y el plan permanece prácticamente paralizado. Ninguno de los 28 países adheridos ha abonado todavía la multimillonaria cuota de ingreso que la administración estadounidense fijó para formar parte de esta iniciativa internacional.

Trump había planteado que los líderes mundiales interesados en integrarse en la Junta pagaran una “cuota de membresía perpetua” de 1.000 millones de dólares. Aquellos gobiernos que se negaron a asumir esa cantidad, como ocurrió con el entonces primer ministro húngaro Viktor Orbán, solo obtuvieron una membresía temporal de tres años. Sobre el papel, la Junta prometía movilizar 17.000 millones de dólares para Gaza: 7.000 millones comprometidos por los estados miembros y otros 10.000 millones adicionales que Washington aseguraba aportar para impulsar el primer gran proyecto de reconstrucción.

No obstante, ese dinero nunca llegó. La Junta decidió además apartarse de los mecanismos habituales utilizados en este tipo de operaciones internacionales. En lugar de emplear un fondo administrado por el Banco Mundial, donde existen obligaciones de transparencia y control financiero, la organización abrió una cuenta bancaria en J.P. Morgan, un sistema que ha despertado críticas y sospechas por la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.

Hasta el momento, las únicas aportaciones conocidas han sido las realizadas directamente por Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. Rabat destinó 20 millones de dólares para establecer una oficina de negociación para la posguerra, mientras que Abu Dabi aportó otros 100 millones para formar a la futura policía gazatí. Ese dinero apenas ha servido para financiar la oficina del “alto representante” para Gaza, encabezada por Nickolay Mladenov, y pagar los salarios del comité tecnocrático palestino creado para administrar provisionalmente el enclave.

La situación actual halla a la Junta de Paz en un auténtico punto muerto. El fondo oficial de la Junta permanece vacío y los proyectos de reconstrucción continúan bloqueados tanto por la falta de financiación como por la incertidumbre política y jurídica existente sobre quién gobierna realmente Gaza y qué autoridad tendría capacidad para supervisar las obras. Incluso los 1.200 millones de dólares que el Departamento de Estado estadounidense pretendía redirigir hacia la Junta siguen congelados debido a las dudas existentes en el Congreso sobre la legalidad y el funcionamiento de la organización.

Mientras tanto, la Casa Blanca tampoco ha autorizado aún la entrega de otros 50 millones de dólares destinados al funcionamiento interno de la propia Junta. Representantes de la administración estadounidense reconocen que no existen todavía sistemas suficientes de control y supervisión financiera que permitan desbloquear esos fondos. De hecho, ningún contrato de reconstrucción ha sido adjudicado pese a que ya se iniciaron algunas licitaciones preliminares relacionadas con seguridad y obras públicas.

La falta de avances ha terminado generando incluso desconcierto dentro de Estados Unidos. Algunos legisladores cuestionan cuál es exactamente el estatus legal de la Junta de la Paz y si realmente cumple los requisitos para recibir dinero público estadounidense. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio la presenta como una estructura vinculada a Naciones Unidas para coordinar labores humanitarias y de reconstrucción, Trump continúa refiriéndose a ella como una especie de gran organismo internacional bajo liderazgo propio.

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