La coalición de Benjamin Netanyahu ha colocado la pena de muerte en el centro del debate penitenciario y judicial israelí. El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset aprobó esta semana el proyecto de ley impulsado por la ultraderecha de Itamar Ben Gvir para enviarlo a las votaciones finales en el pleno. El texto abre la puerta a ejecutar a condenados por terrorismo y ha reactivado una discusión que en Israel llevaba décadas fuera del marco penal ordinario. La novedad no llega en un vacío: aterriza cuando siguen creciendo las denuncias sobre el trato a presos palestinos, incluidos menores, dentro de las cárceles israelíes.
Ben Gvir ha vendido la iniciativa como una respuesta de “justicia” y de disuasión. Sus críticos la leen de otra forma: como un salto político y penal que apunta casi en exclusiva a los palestinos. La tramitación del proyecto se ha acelerado en plena guerra y después de que ya superara una primera lectura en noviembre de 2025. Ahora queda el tramo decisivo, las votaciones segunda y tercera en la Knéset, donde el bloque gubernamental intentará convertir en ley una medida rechazada por juristas, organizaciones de derechos humanos y actores internacionales como la Unión Europea.
El texto que ha salido de comisión no se limita a introducir la pena capital. Según la información publicada por medios israelíes e internacionales, amplía la capacidad de los tribunales para imponerla, contempla su aplicación también en tribunales militares en Cisjordania ocupada y reduce márgenes de revisión y clemencia. La UE calificó el avance del proyecto de “profundamente preocupante” y recordó el 24 de marzo que se opone a la pena de muerte “en todos los casos y bajo cualquier circunstancia”.
Ese es el nuevo marco. Y dentro de ese marco pesa más lo que ya ocurre en prisión. Porque la discusión sobre la horca no arranca en abstracto. Arranca con un sistema penitenciario israelí bajo acusación por hambre, palizas, vejaciones y falta de atención médica a presos palestinos. Reuters informó en febrero de que, cinco meses después de una orden del Tribunal Supremo israelí para mejorar la alimentación de los detenidos palestinos, seguían apareciendo testimonios de reclusos liberados con una pérdida de peso severa y relatos de comida insuficiente. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel, ACRI, llegó a denunciar una “política de hambre”.
El caso que más ha golpeado estos días esa realidad es el de Walid Ahmad, un palestino de 17 años muerto en prisión. Una resolución judicial desvelada esta semana reconoció que el menor había sido privado de alimento durante su detención, aunque cerró la investigación al sostener que la causa exacta de la muerte no podía determinarse. La muerte de Walid ha concentrado la atención porque, según autoridades palestinas citadas por medios internacionales, fue el primer menor palestino muerto bajo custodia israelí. Su nombre ha quedado unido a una acusación concreta: inanición en detención.
El fondo del asunto no se agota en un solo caso. La organización israelí B’Tselem publicó en enero un informe en el que describe las prisiones israelíes donde hay palestinos como un “infierno” y una red de centros marcados por tortura, violencia sexual, hambre deliberada y negación de tratamiento médico. No es una formulación marginal. Llega desde una de las principales ONG israelíes de derechos humanos y encaja con otras alertas lanzadas este año por expertos de la ONU y organizaciones médicas y jurídicas.
Los menores siguen atrapados dentro de esa maquinaria. Defense for Children International - Palestine aseguró este mes, con datos del propio Servicio de Prisiones israelí a 31 de diciembre de 2025, que había 351 niños palestinos encarcelados y que 180 de ellos estaban en detención administrativa, sin cargos ni juicio. Ese dato vuelve todavía más áspero el debate actual: la Knéset empuja una ley para ejecutar a condenados por terrorismo mientras Israel mantiene a cientos de menores palestinos en prisión y a decenas de ellos sin proceso penal ordinario.
El Gobierno israelí y el Servicio de Prisiones rechazan que exista una política sistemática de abusos. Sostienen que los internos reciben alimento y atención médica conforme a criterios profesionales. Pero el problema para esa defensa es acumulativo. El Supremo tuvo que intervenir por la comida. Organizaciones israelíes denuncian hambre y tortura. La Cruz Roja no ha podido visitar a presos palestinos desde el inicio de la guerra, según Reuters. Y en paralelo, la mayoría parlamentaria decide que éste es el momento de empujar una ley de ejecuciones.