Honduras vuelve a situarse en el centro de una tormenta política internacional. Una investigación publicada por Canal RED, Hondurasgate y Diario Red, firmada por la periodista Valeria Duarte Galleguillos, ha difundido una serie de grabaciones atribuidas a conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram que apuntan a una presunta operación de injerencia extranjera para devolver al poder al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El caso, bautizado ya como Hondurasgate, no se limita a una filtración incómoda: dibuja, siempre según la investigación, un supuesto pacto con derivadas judiciales, militares, económicas y geopolíticas que salpica directamente a Donald Trump, a Benjamín Netanyahu y al nuevo poder político hondureño.
El contenido de los audios, de confirmarse plenamente, tendría una gravedad difícil de exagerar. Las conversaciones publicadas describen un supuesto acuerdo para facilitar el regreso político de Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y las armas, a cambio de convertir Honduras en una plataforma estratégica para intereses estadounidenses e israelíes. La investigación sostiene que las contraprestaciones incluirían la instalación de una nueva base militar estadounidense, la reactivación y expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico —las polémicas ZEDES—, un tratado de libre comercio y legislación favorable a empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel.
El indulto que abrió la puerta
El punto de partida de la trama es el indulto concedido por Trump a Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño había sido condenado el 26 de junio de 2024 por un tribunal federal de Nueva York a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas. El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo entonces que Hernández había utilizado su poder político para proteger a algunos de los mayores traficantes de droga de la región y facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
La decisión de Trump de perdonarlo ya había provocado un terremoto político antes de la publicación de los audios. El anuncio del indulto llegó a finales de noviembre de 2025, pocos días antes de las elecciones hondureñas, y fue recibido con fuertes críticas por sectores demócratas y por voces que lo consideraron una contradicción frontal con el discurso estadounidense contra el narcotráfico. Hernández fue posteriormente liberado de una prisión estadounidense tras el perdón presidencial, mientras en Honduras seguían abiertas dudas judiciales y políticas sobre su futuro.
Lo que ahora aportan las grabaciones publicadas por Canal RED y Hondurasgate es una hipótesis mucho más explosiva: que aquel indulto no habría sido un gesto de clemencia, sino la primera pieza de una operación política de mayor alcance. En uno de los audios atribuidos a Hernández, el expresidente afirma que el dinero de su liberación “salió de una junta de rabinos” y de sectores favorables a Israel. En otra conversación, siempre según la investigación, sostiene que Netanyahu tuvo “todo que ver” en su liberación y en la negociación que la hizo posible.
La investigación también sitúa a Roger Stone, histórico asesor de Trump, como una figura clave del lobby en Washington. Stone ya había reconocido públicamente haber presionado a favor del indulto desde 2024, según recoge la investigación. Su aparición refuerza una de las líneas más delicadas del caso: la existencia de una diplomacia paralela, tejida desde el entorno trumpista, que habría conectado intereses electorales hondureños, objetivos estratégicos estadounidenses y apoyo israelí.
Honduras como botín geopolítico
El corazón político del Hondurasgate está en la idea de Honduras como moneda de cambio. Según los audios publicados, la presidencia de Nasry “Tito” Asfura, declarado ganador de las elecciones hondureñas en un proceso marcado por retrasos, denuncias y presiones externas, funcionaría como una etapa de transición. Su papel, de acuerdo con las conversaciones filtradas, sería despejar los obstáculos judiciales que aún pesan sobre Hernández y preparar el terreno para su regreso electoral en el siguiente ciclo.
Uno de los fragmentos más comprometedores atribuidos a Hernández apunta directamente a ese guion sucesorio. En la conversación, el expresidente se dirige a Asfura con una advertencia que suena a reclamación de deuda política: “Yo quiero pensar que usted no va a hacer a un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump”. La frase, si se acredita, contradice la distancia pública que Asfura había intentado marcar con Hernández durante la campaña.
La red descrita por la investigación no se limita a Trump, Netanyahu, Hernández y Asfura. En las grabaciones aparecen también nombres del entramado político hondureño, como Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional; Cosette López-Osorio, consejera electoral; y María Antonieta Mejía, vicepresidenta. En otro audio citado por la investigación, Mejía afirma: “Tamos listos. 4 años más, desde ya hay que irlo diciendo de nuevo. La gente quiere al presidente Juan Orlando. Lo necesita en Honduras”. La frase resume el objetivo político que atraviesa toda la filtración: normalizar el retorno de un expresidente condenado por narcotráfico.
El precio de esa restauración sería, según los audios, una profunda cesión de soberanía. Las ZEDES ocupan un lugar central en ese supuesto acuerdo. Estas zonas, calificadas por sus críticos como “estados privados”, permiten marcos regulatorios propios, tribunales autónomos y condiciones excepcionales para inversores. El Gobierno de Xiomara Castro había avanzado en su desmantelamiento, al considerarlas una amenaza a la soberanía nacional. Su reactivación supondría no solo un cambio económico, sino una redefinición del poder territorial dentro de Honduras.
La construcción de una nueva base militar estadounidense añade una dimensión aún más sensible. Honduras ya ha sido históricamente una pieza clave para la proyección militar de Washington en Centroamérica. La instalación de una nueva base, en el contexto descrito por la investigación, convertiría el regreso de Hernández en parte de una estrategia regional más amplia: control logístico, influencia política, presencia militar y ventaja económica para actores extranjeros.
El componente israelí amplía todavía más el alcance del escándalo. La investigación sostiene que empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel se beneficiarían de legislación diseñada a medida y de contratos asignados directamente a compañías concretas. Ese punto convierte el caso en algo más que una vieja trama de bases militares y poder político: lo inserta en la nueva competencia global por datos, seguridad, tecnología y control estratégico.