La administración Trump se caracteriza por su tono beligerante y avasallador además de por su particular contienda en contra de la inmigración o el cambio climático. Estos elementos son parte de la tónica general de su gobierno y el último paso de su Ejecutivo parece buscar un aumento de la tensión internacional.
Este miércoles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, ha anunciado que no renovarán la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton. La eliminación de esta norma permitirá a los ciudadanos de origen cubano demandar, ante los tribunales estadounidenses, a empresas que utilicen propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.
Esta medida no solo endurece el embargo a Cuba, también afecta a compañías europeas y españolas que realizan operaciones comerciales en la isla. Las empresas se podrán ver perjudicadas ya que algunas pueden estar utilizando terrenos u otro tipo de bienes que fueron requisados tras la victoria de la revolución castrista.
Entre las empresas españolas que podrían verse damnificadas están las empresas hoteleras NH o Meliá, además de otras tantas, por lo que, el Gobierno español se ha mostrado contario a la implantación de esta norma que lleva décadas en suspensión.
El Ejecutivo de Sánchez ha mostrado su total rechazo a la aplicación de esta ley que enturbiará “las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”.
Desde el Ministerio de Exteriores instan a Estados Unidos a “seguir trabajando conjuntamente con España y con la Unión Europea en favor de la reforma política y democrática en Cuba”.