Continúa el runrún del fugaz regreso de Carles Puigdemont a España, esta vez mediante una nota de prensa del Ministerio del Interior. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha respondido al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, a quien ha informado de que los Mossos d’Esquadra no pidieron ayuda a su departamento para robustecer el dispositivo para arrestar al expresident catalán. Además, ha indicado que los controles establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia no detectaron “en momento alguno” al que fuera jefe del Ejecutivo regional.
El Tribunal Supremo requirió tanto a Interior como a los Mossos una explicación sobre el fracaso del operativo para detener al expresident. A través de esta nota de prensa, Interior comunica que ya ha remitido al juez instructor el informe solicitado en el que se rogaba una mayor precisión en los detalles que condenaron el dispositivo inicial del pasado jueves, desde un punto de vista “técnico policial”. En el texto, el departamento que encabeza Marlaska sostiene que la detención de Carles Puigdemont “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales” adscritos al Ministerio.
El informe responsabiliza directamente a los Mossos d’Esquadra, aunque insiste en su carácter autonómico e incide en las competencias. Precisa Interior que el cuerpo policial informó al Ministerio “del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresident una vez fuese localizado”. En este sentido, desde Madrid ofrecieron apoyo a la policía catalana por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Todo ello, agregan, “sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación y de intercambio de información e inteligencia”.
Controles previos a su llegada
Del escrito se desprende que Interior desde los días previos al 8 de agosto, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantuvo “activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos” en el conjunto del territorio catalán, pero haciendo especial hincapié en la ciudad y el “área de influencia metropolitana de Barcelona”. Por ello, esgrimen que “dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y de policía administrativa”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no realizaron operativos paralelos” para arrestar al expresident de la Generalitat.
Interior, en cambio, sí desliza que toda vez se conoció “la fuga” de Puigdemont, impartieron instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno en Cataluña. El objetivo era, por un lado, “activar los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizar y proceder a la detención del expresident. “Así, y con los recursos disponibles, se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia”, ahondan, aunque detallan que las “vías de alta capacidad” quedaron bajo el paraguas de los Mossos.
Limitaciones fronterizas
En consecuencia, en el informe recuerdan que el artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, que han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección frontera alguna, independientemente de su nacionalidad. Unas limitaciones que “dificultaron” la activación de cualquier dispositivo de control policial capacitado para “garantizar una impermeabilidad absoluta”, aun disponiendo de “información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”.
En este sentido, Interior puntualiza que “el código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores”, aunque deben ser previamente justificados ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la “existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”. “España ha restablecido los controles fronterizos Schengen en diversas ocasiones, de forma excepcional, como durante la celebración de la Cumbre de la OTAN de Madrid en 2022, o en 2020, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID”, detallan. No obstante, se trata de una medida de último recurso que “no está prevista para supuestos como el objeto de este informe”.